Barcelona, 3 jul.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga el caso de las ITV, por el que está imputado por tráfico de influencias el diputado de CiU Oriol Pujol, ha citado como testigos al conseller de Justicia, Germà Gordó, y al exconseller de Empresa Francesc Xavier Mena.
En un auto notificado hoy a las partes, el magistrado del TSJC Enric Anglada acuerda proseguir con la instrucción de la causa y fija, para después del verano, en una fecha todavía no concretada, la comparecencia de una decena de testigos, entre ellos Gordó y Mena, como le pidieron ayer tanto la Fiscalía como la mayoría de acusaciones y defensas personadas en el caso.
En una comparecencia celebrada ayer entre el magistrado y todas las partes, la fiscalía reclamó que se citara como testigo a Gordó, que cuando ocurrieron los hechos investigados era secretario de Presidencia de la Generalitat, ya que su nombre figura en alguna de las conversaciones grabadas a los imputados, acusados de tratar de amañar en beneficio propio los concursos de las ITV en Cataluña.
De hecho, la juez de instrucción que inició el caso sostiene, en un escrito que remitió al TSJC cuando el alto tribunal asumió la investigación debido a la condición de aforado de Oriol Pujol, que miembros del gobierno de la Generalitat como Germà Gordó y el exsecretario general de Empresa Enric Colet "tenían conocimiento de las negociaciones llevadas a cabo por (Josep) Tous" -uno de los imputados-, aunque se desconoce "si eran copartícipes de los fines espurios" de su actuación.
El magistrado ha acordado requerir al Servicio de Vigilancia Aduanera para que elabore un esquema cronológico de todas las llamadas, SMS y correos electrónicos que cruzaron los implicados en la supuesta trama corrupta.
El juez también ha instado al Departamento de Empresa a que le remita el informe que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) elaboró a instancias de la consellería sobre la planificación territorial de estaciones de ITV en Cataluña.
En un auto dictado el pasado 26 de junio, en el que transformaba las actuaciones en una causa con jurado popular, el magistrado del TSJC sostenía que Oriol Pujol pudo ejercer como "vértice" entre las dos ramas de la supuesta trama corrupta de empresarios y cargos públicos que pretendía amañar la adjudicación de estaciones de ITV.
Para el magistrado, el objetivo de los imputados, "al frente de los cuales parece que se encontraba Oriol Pujol Ferrusola", era dejar sin efecto un concurso resuelto sobre la adjudicación de los centros de inspección técnica de vehículos y convocar otro, conforme al nuevo Plan Territorial de Estaciones de ITV.
Ante la perspectiva de optar a la adjudicación de varios lotes de ITV, los implicados, según el magistrado, crearon la sociedad Upprime Energy, de la que formaban parte los empresarios imputados Sergio Pastor y Sergio Alsina, que tenía que ceder la mitad de su parte a Oriol Pujol.
Para lograr su "objetivo preconcebido", acordaron nombrar a Josep Tous como mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, gracias a la influencia política de Oriol Pujol, para que tratara de "alinear al partido (CDC), al departamento y al gobierno, con la finalidad de cumplimentar la 'hoja de ruta'" diseñada por el empresario imputado Ricard Puignou, según el juez.
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