El juez del Constitucional Enrique López 'pillado' sin casco y da positivo

La Policía Nacional ha interceptado esta mañana al juez del Tribunal Constitucional Enrique López conduciendo su moto sin casco en el paseo de la Castellana de Madrid, y sometido a una prueba de alcoholemia ha dado positivo.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los hechos han ocurrido a las 07.30 horas, cuando agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo del caso del exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por circular sin casco y se le ha practicado una prueba de alcoholemia.

El propio afectado ha reconocido a Efe que iba conduciendo sin casco y que ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, así como que se ha saltado un semáforo en rojo.

Elegido a propuesta del PP

La designación de Enrique López, exmagistrado de la Audiencia Nacional, para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional (TC) lleva al alto tribunal a un juez por quien ha apostado firmemente el PP y cuyo perfil político marcó su etapa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

López (Cacabelos, León; 1963) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y juez desde 1989, pero ha sido su papel como portavoz del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2008 lo que le ha valido las mayores críticas por su supuesta cercanía al PP y la falta de neutralidad necesaria para estar en el TC.

En esta etapa el CGPJ se pronunció sobre asuntos como ley del matrimonio homosexual, sobre la que elaboró un informe contrario a la norma, del que al final se eliminó la polémica frase que advertía de que la reforma sería tan radical como legalizar la unión entre un animal y una persona.

López consideró también positivo que el Constitucional se pronunciara sobre la ley contra la violencia de género ante las dudas de constitucionalidad que manifestó el CGPJ, presidido entonces por Francisco José Hernando -hoy también magistrado del TC-, por la discriminación positiva en favor de las mujeres.

Ese tipo de pronunciamientos le han supuesto la crítica de los sectores progresistas, incluido el PSOE, que hasta ahora ha intentado vetarle como candidato al alto tribunal.