El oscuro negocio de la compraventa de bebés traspasa fronteras

Noelia Ramos

Melilla, 12 may.- El esclarecimiento por parte de la Guardia Civil de Melilla de una trama de compraventa de bebés procedentes de Marruecos ha abierto una nueva visión de este oscuro negocio establecido hace décadas y que, como ha quedado demostrado, ha traspasado fronteras.

La denominada Operación Oculta, que ha detectado al menos 28 casos de bebés sacados de Marruecos entre 1977 y 1985 para su posterior venta en la península, deja al descubierto que España no sólo ha sido un país "exportador" de niños, sino que también los ha llegado a "importar".

A esta conclusión se ha llegado tras un año y medio de arduas investigaciones, en lo que ha supuesto el esclarecimiento por primera vez de una trama dedicada a la compraventa de bebés, un primer paso en el que se ha demostrado la implicación de 31 personas, doce de las cuales ya han fallecido.

Según fuentes de la investigación consultadas por Efe, la investigación ha sido como un puzzle gigante, que además estaba "defectuoso", ya que faltaban algunas de las miles de piezas que tenía.

La investigación comienza en noviembre de 2011 por una denuncia de la Asociación de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir), a la que consta que dos niñas de Ontinyent (Valencia) proceden de Melilla.

A raíz de ese momento, se pone en marcha una intensa labor que revisa concienzudamente registros de hospitales, actas de nacimiento y otra serie de documentos que empiezan a apuntar a determinadas personas.

En algunos de esos registros, coinciden dos nombres: el de una matrona y el de una de las tres hermanas nacidas en Tetuán (Marruecos) consideradas como el núcleo de la trama, que actuaba como "madrina", una especie de testigo de que el parto se ha producido.

Esa es una de las líneas de la operación que encuentra otro nexo común en una investigación desarrollada por Marruecos en 1985, a raíz de la detección en el aeropuerto de una pareja con dos hijos que decían que eran biológicos, pero que en realidad procedían del lado marroquí.

Tres nombres aparecen en dicha investigación realizada por Marruecos, uno de los cuales, el de otra de las tres hermanas, convertida al islám y que cambió su identidad, ha posibilitado encajar nuevas piezas.

Las tres hermanas eran las cabecillas del entramado, pero contaban con colaboradores, todos ellos incluidos en un croquis en el que aparecen tres sanitarios, un médico y dos matronas, además de dos religiosas, una de ellas ya fallecidas, que no han llegado a ser imputadas, ya que no se ha podido acreditar su participación en la trama, aunque sí se las relaciona con al menos un caso.

Dos de las hermanas fijaron su residencia en Melilla y se dedicaban a captar matrimonios que no podían tener hijos, mientras que la tercera localizaba a embarazadas en Marruecos.

Algunas de estas mujeres se desplazaban a Melilla, donde eran acogidas por las dos hermanas residentes en la ciudad antes de dar a luz, bien en hospitales de la ciudad, bien en domicilios particulares.

Se trataba fundamentalmente de prostitutas o empleadas de hogar que se quedaban embarazadas, en su mayoría de soldados que entonces se encontraban haciendo el servicio militar en Melilla.

Contaban también con colaboradores en la península, una de las cuales estaba en Ontinyent, localidad en la que los investigadores sitúan a una buena parte de los catorce niños vendidos que han conseguido ser identificados.

Buscaba matrimonios con recursos económicos, que no pudieran tener hijos y que, además, estuvieran dispuestos a comprar bebés, por los que se pagaban entre 200.000 y un millón de pesetas, un dinero que se repartían los distintos escalones de la red, y que no siempre llegaba a las madres, que cedían a sus hijos bajo la promesa de un futuro mejor.

Por las niñas se pagaba más, debido a que la demanda era más alta.

Para los investigadores, la importancia de la investigación está en la desarticulación y descubrimiento de la trama, la identificación de las víctimas y de los implicados, así como la apertura de una puerta que ofrece la posibilidad de seguir denunciando casos.

Eso es lo que hará Anadir, cuyo presidente, Antonio Barroso, ha dicho a Efe que esta investigación ha abierto "un nuevo frente" que les anima a seguir luchando, porque se ha demostrado el robo y la venta de niños, donde ha habido falsificación documental.

Según Barroso, los afectados no pretenden que los implicados -la mayoría tienen más de 80 años- vayan a la cárcel, pero sí que sean juzgados y condenados, aunque luego se les perdone la pena.