El Parlamento aprueba la reforma legal que abre la vía para la fusión de las cajas

  • Santiago de Compostela.- El Parlamento de Galicia ha aprobado hoy una reforma legislativa que abre la vía para fusionar las cajas de ahorros, aunque una moción aprobada por unanimidad establece que una eventual decisión en ese sentido deberá ser "oída" por la Cámara autonómica.

El PSdeG reitera que votará contra la reforma legislativa que defienden PPdeG y BNG
El PSdeG reitera que votará contra la reforma legislativa que defienden PPdeG y BNG

Santiago de Compostela.- El Parlamento de Galicia ha aprobado hoy una reforma legislativa que abre la vía para fusionar las cajas de ahorros, aunque una moción aprobada por unanimidad establece que una eventual decisión en ese sentido deberá ser "oída" por la Cámara autonómica.

La moción, presentada por el PSdeG, y votada por unanimidad, señala que "las fusiones de las cajas de ahorro deberán ser autorizadas por el Consello de la Xunta" una vez que haya sido "oído el Parlamento de Galicia", tras la solicitud conjunta de las entidades que pretenden llevar a cabo la operación.

La reforma legislativa establece un plazo de dos meses para la renovación del 75 por ciento de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, lo que podría favorecer las negociaciones entre las dos cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, que hasta ahora no han logrado acercar posturas para una eventual fusión.

El texto definitivo considera también la posibilidad de que las cajas de ahorros gallegas puedan llevar a cabo una fusión con otras fuera de la comunidad autónoma.

Sin embargo, precisa que en tal caso, "para conceder la autorización se valorará que la sede social de la caja resultante de la fusión se fije en Galicia y que se mantenga una adecuada presencia territorial de las oficinas de Galicia".

El texto fue aprobado después del rechazo de una serie de enmiendas del PSdeG y del BNG, que presentó la iniciativa legislativa y que, aunque parte de su texto fue modificado por el PPdeG, lo respaldó.

La conselleira de Hacienda, Marta Fernández, que en declaraciones a un grupo de periodistas en los pasillos del Parlamento de Galicia destacó la necesidad de reformar rápidamente los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, evitó pronunciarse sobre si era o no partidaria de una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

Fernández se limitó a señalar que "la decisión de integración de las cajas se tiene que validar con los nuevos órganos de gobierno" de esas entidades.

En su intervención ante el pleno del Parlamento, el portavoz del PSdeG, Xaquín Fernández, señaló que su partido se opuso al texto, entre otras razones, porque es "innecesariamente intervencionista en materia de obra social" y advirtió del riesgo de que el PPdeG, que gobierna en la Xunta, para aplicar políticas "clientelares".

Así, advirtió de que la Consellería de Hacienda, que en adelante podrá intervenir en las decisión sobre la "obra social" de las cajas de ahorro, podría decir que las ayudas sociales, culturales o deportivas vayan "a estos municipios sí y a estos no".

También reprochó al PPdeG su intención de evitar que los ayuntamientos de grandes ciudades vean limitada su participación en los órganos de gobierno de las cajas.

En cambio, el diputado del PPdeG Pedro Puy destacó que la reforma permitirá mejorar "la eficiencia y la galleguidad" de esas entidades financieras, además de "reforzar su independencia".

Puy precisó que "en 82 municipios no habría ninguna entidad financiera si no fuera por las cajas" de ahorro, rechazó las acusaciones sobre el supuesto propósito de limitar la presencia de los ayuntamientos de las ciudades, y criticó al líder del PPSdeG, Manuel Vázquez, de adoptar posturas contradictorias y de "fomentar el localismo".

El diputado del BNG Fernando Blanco destacó, en cambio, que la nueva legislación es "más progresista" y subrayó que "van a estar mejor representados los gallegos" en las cajas de ahorros.

La nueva legislación prevé un procedimiento para la renovación del 75 por ciento de los órganos de gobierno en los dos meses siguientes a las aprobación del texto, mientras que el 25 por ciento restante -que corresponde a la totalidad de los representantes de los trabajadores y la mitad de los impositores- continuará en sus puestos un año más.

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