Dublín, 19 abr.- El Parlamento irlandés (Dáil) vota hoy un proyecto de ley sobre el aborto encaminado a corregir una anomalía histórica, ya que la legislación vigente lleva más de 20 años ignorando una resolución judicial que lo permite en ciertas circunstancias.
La nueva ley, presentada por tres diputados independientes de izquierdas, pide al Gobierno de coalición entre conservadores y laboristas que dé efecto legal a una resolución del Tribunal Supremo en el polémico "caso X", que data de 1992.
Un portavoz del Partido Laborista indicó hoy a Efe que se ha "recomendado" a los miembros del grupo parlamentario votar en contra de la iniciativa, en línea con la opinión de sus socios mayoritarios en el Ejecutivo, el conservador y católico Fine Gael (FG).
La razón, explicó la fuente, es que el proyecto ha sido presentado como una "ley de miembros privados", es decir, una iniciativa que no parte del Gobierno del país, por lo que lo habitual es rechazarla cuando, "sobre todo, se trata de un asunto tan delicado" como este.
La mayoría parlamentaria del Gobierno debería asegurar la derrota de la propuesta, pero la posición de los laboristas ahora contrasta con la decisión tomada el pasado fin de semana durante su conferencia anual, cuando aprobó una moción que pedía resolver la anomalía creada por el "caso X" hace 20 años.
En principio, el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, excepción que, no obstante, nunca ha sido refrendada por los legisladores e incluida en la Constitución, por lo que queda expuesta a la interpretación de las autoridades.
Como "caso X" se conoce la situación creada a finales de los años 80 cuando a una menor de edad, que quedó encinta tras ser violada, se le prohibió viajar al Reino Unido para abortar, lo que desencadenó una fuerte polémica que llevó al Tribunal Supremo a legalizar el aborto cuando la vida de la madre corre peligro.
Desde entonces, ninguno de los seis gobiernos sucesivos ha sido capaz de incorporar aquella decisión judicial a la legislación, a pesar de que también se han celebrado desde entonces dos consultas populares sobre este controvertido asunto que dividieron al país.
Esta falta de claridad llevó hace dos años a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar en su país, a pesar de que su vida corría peligro.
La sentencia indicó que no se explicó a la mujer si se daban las condiciones para abortar en su país -lo hizo finalmente en el Reino Unido- y que, por ello, las autoridades "ignoraron" su obligación de garantizarle el respeto a "su vida privada".
Según el Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda (NWCI), más de 4.000 mujeres irlandesas viajaron en 2010 al extranjero para interrumpir sus embarazos ante la incertidumbre que provoca la ley, motivo por el que pide "al Gobierno que introduzca medidas interinas urgentes".
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