Vitoria, 10 may.- El Parlamento Vasco ha aprobado hoy el dictamen elaborado por la comisión de investigación sobre el supuesto caso de espionaje y de presunto cohecho en Álava en el que se atribuyen responsabilidades políticas a excargos del PNV.
Finalmente, el dictamen ha contado con el voto favorable de todos los parlamentarios de la Cámara, excepto los del PNV que han votado en contra.
El dictamen establece las responsabilidades políticas en que, según el Parlamento, incurrieron los cargos públicos durante la pasada legislatura en las cuatro tramas investigadas y hace unas propuestas para que no se repita algo similar.
Este acuerdo es fruto del trabajo de la comisión durante 18 meses, en la que han comparecido cerca de sesenta personas para conocer los hechos relacionados con contratos irregulares, recalificaciones de suelo y espionaje de cargos del PSE-EE y el PP por parte de dos ertzainas y un exdirigente del PNV.
En la primera de las líneas de investigación, la relacionada con presuntas contrataciones irregulares por parte del anterior Departamento de Cultura dirigido por el PNV, se acusa al exdirector de Juventud Javier Sánchez Robles de haberse servido de su cargo para favorecer a tres empresas, gestionadas por personas vinculadas con el mismo partido.
Señala también como responsable político de estas contrataciones irregulares al exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga por no controlar la actividad de su director, y se destaca el papel que jugó la Consejería de Cultura, dirigida entonces por el PNV, y la función que tuvieron destacados miembros de este partido en Álava como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano e Iñaki San Juan, todos ellos imputados en el caso.
En la segunda línea de investigación, la relacionada con el supuesto espionaje a personalidades de la vida política y económica alavesa, las referencias se limitan al exdirigente del PNV Aitor Tellería y los dos ertzainas investigados y se deja claro que este asunto no alcanza al resto de la Ertzaintza.
Con respecto a la tercera investigación, centrada en las presuntas contrataciones irregulares en el parque tecnológico de Miñano (Álava), el dictamen considera que el exdirector de este parque, Alfonso Arriola, y el expresidente de la red vasca de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, fueron los responsables políticos de la contratación de Urbanorma para la compra de unos terrenos y la petición de pago de comisiones.
En la cuarta línea de investigación, sobre presuntas recalificaciones irregulares de suelo rústico en Santurtzi (Bizkaia) por parte de Sprilur, el dictamen señala que el excesivo precio pagado, más de 3 millones de euros de pérdida, es fruto de una "decisión unipersonal" del exdirector de Sprilur Antón Zubiaurre.
Entre sus recomendaciones, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a intensificar sus controles para una correcta administración de los recursos públicos y a que remita a la Cámara una nueva legislación en "aras a una mayor transparencia de la actividad política".
María Eugenia Arrizabalaga ha explicado que el PNV ha votado en contra del dictamen no sólo porque defiende la presunción de inocencia, sino porque se han alimentado "con saña juicios mediáticos" y, en el caso del supuesto espionaje, sólo se han aportado "cotilleos de taberna".
Oscar Rodríguez (PSE-EE) ha instado al PNV a sumarse al acuerdo para poder "distinguir entre sus cargos políticos a los honrados de los que utilizan sus puestos en beneficio propio", mientras que Carmelo Barrio (PP) ha recordado que las responsabilidades atribuidas hoy son personales y no de los colectivos a los que pertenecían.
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