El pleno del Parlamento de Navarra rechaza la reforma laboral

Pamplona, 24 feb.- El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó anoche sendas mociones en las que expresa su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP y pide a éste que deje sin efecto la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

La moción contraria a la reforma laboral, impulsada por Bildu, contó con los votos a favor de esta coalición, del PSN, uno de los socios en el Gobierno de Navarra, y de NaBai e Izquierda-Ezkerra, mientras que votaron en contra el socio mayoritario en el Ejecutivo, UPN, y el PP.

En ella se sostiene que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central supone "un retroceso social inaceptable y una injusticia inasumible que lesiona gravemente los derechos de los trabajadores".

Con el mismo resultado en el panel de votaciones, el Legislativo navarro ha aprobado una resolución planteada por el PSN que insta al Gobierno del PP a "dejar sin efecto la congelación del SMI y del IPREM para 2012 y proceder a su actualización".

La iniciativa reclama además al gabinete de Mariano Rajoy "un plan de aproximación progresiva del SMI al 60% del salario medio, calculado de acuerdo con las estimaciones de la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE", y otra para la "aproximación progresiva del Iprem al SMI hasta su completa equiparación".

La moción justifica ambas demandas en que el SMI español (641,40 euros mensuales) es "uno de los más bajos" de la UE, afecta a más de 180.000 trabajadores y se utiliza como referencia para fijar retribuciones en los convenios, mientras que del IPREM recuerda que es el índice que sirve asimismo de referencia para concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

Además, el pleno de la Cámara Foral ha rechazado una moción del PP, a la que se opusieron el resto de grupos, que instaba al Gobierno de UPN-PSN a trasladar a la Embajada de España y al Consulado Español en Bruselas las funciones que ahora desempeña la Oficina de Navarra en Bruselas, atendiendo así una propuesta del Ministerio de Exteriores que según los populares permitiría un ahorro de 214.000 euros anuales.