Madrid.- El grupo del PP en el Congreso pide al Gobierno que defienda los consensos constitucionales sobre el modelo del Estado de las Autonomías y garantice que se cumplen las interpretaciones de la Constitución que hacen los jueces y los tribunales.
Así consta en una de las propuestas de resolución que ha registrado hoy el grupo popular en el Congreso, como es oportuno tras el debate sobre el estado de la nación.
La portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado en conferencia de prensa que "la estabilidad institucional" es uno de los ejes sobre los que su partido ha redactado esas propuestas de resolución, ya que, ha añadido, se trata de un elemento fundamental para "el bienestar y el progreso" de España.
En la redacción de dicha resolución en ningún momento citan los populares el Estatuto de Cataluña ni se refieren a la sentencia del Constitucional sobre el texto.
Fuera de este contexto, el grupo del PP solicita también al Gobierno que deje sin efecto la congelación de las pensiones prevista para el año que viene con el fin de "regresar al espíritu del Pacto de Toledo" que, a juicio de Sáenz de Santamaría, rompió el Gobierno con la medida.
En su resolución, el Partido Popular exige que no se merme el poder adquisitivo de los pensionistas.
De la misma forma que no se merme la capacidad económica de las familias "más vulnerables", en lo que los populares quieren incidir mediante la recuperación de la ayuda de 500 euros por hijo menor de tres años.
El pilar de las propuestas de resolución del PP lo forman las medidas contra la crisis.
Así, el PP pide seguir un calendario preciso de reformas estructurales, en especial en las administraciones públicas y en el ámbito fiscal, de modo que pueda configurarse "un modelo justo y equitativo" que garantice la estabilidad presupuestaria.
Sin salir de este terreno, los populares abogan por fijar techos de gasto para todas las administraciones.
Con carácter de urgencia, el PP plantea una reestructuración del sistema financiero, así como la modernización de las relaciones laborales -aquí no incluye propuestas distintas de las ya conocidas-, la creación de un plan de empleo y el establecimiento de un pacto energético estable, en el que no se contemplen subidas tarifarias ni el cierre de la central nuclear de Garoña.
Además de buscar más competitividad, dar más apoyo al sector turístico y reforzar la unidad de mercado, el grupo popular, según su portavoz, aporta los criterios básicos que debe emplear el Gobierno en los Presupuestos de 2011.
Como ha hecho en más ocasiones, Sáenz de Santamaría ha pedido al Ejecutivo que deje claro si incorporará en ese proyecto más medidas de ajuste.
En concreto, el PP quiere reducir el gasto no financiero en 20.000 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año, evitar las subidas de impuestos, disminuir el gasto superfluo de la administración y cumplir algunos planes no llevados a cabo, como el Plan Canarias.
Para ganar confianza en la economía, los populares solicitan que se libre de deudas a las pymes y a los autónomos, una mejor lucha contra el fraude y que se rebaje el impuesto de sociedades a las empresas de menor tamaño.
En materia de infraestructuras, el PP aboga por criterios objetivos que explique la reducción de inversión; y en financiación local, los populares exigen una ley cuanto antes.
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