El PP utiliza una enmienda para derogar el decreto-ley recurrido ante el Tribunal Constitucional

  • Valencia.- El PP ha aprobado hoy en la Comisión de Cultura de Les Corts Valencianes una enmienda "de aproximación" al proyecto de ley sobre el barrio del Cabanyal de Valencia para derogar el decreto-ley que el Ejecutivo autonómico aprobó en enero y que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional.

El PP utiliza una enmienda para derogar el decreto-ley recurrido ante el Tribunal Constitucional
El PP utiliza una enmienda para derogar el decreto-ley recurrido ante el Tribunal Constitucional

Valencia.- El PP ha aprobado hoy en la Comisión de Cultura de Les Corts Valencianes una enmienda "de aproximación" al proyecto de ley sobre el barrio del Cabanyal de Valencia para derogar el decreto-ley que el Ejecutivo autonómico aprobó en enero y que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Este acuerdo, rechazado por la oposición, será efectivo una vez que el pleno de la Cámara autonómica apruebe el proyecto de ley de Medidas de protección y rehabilitación del conjunto histórico de la ciudad de Valencia, previsiblemente en su próxima sesión, la del 24 de marzo.

El PP ha argumentado que, por "coherencia técnica", es necesario "derogar expresamente" el decreto-ley que el Gobierno valenciano aprobó en enero, que luego fue convalidado por Les Corts y se acordó que se tramitara como un proyecto de ley, "ya que la norma emanada del Consell será sustituida por la aprobada por Les Corts".

La oposición ha acusado al PP de cometer "un fraude y un atraco" al Reglamento para "colar" fuera de plazo y "a la trágala" una enmienda que no se ajusta al Reglamento, y cuyo objetivo es "cargarse" el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, ya que éste carecerá de objeto una vez desaparecido el decreto recurrido.

El diputado del PP José Marí ha recomendado que se repase la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), ya que "no siempre" que se deroga una norma el TC decide poner fin al recurso de inconstitucionalidad, por lo que no se debe "dar por seguro" cuál tiene que ser la solución jurídica final de este procedimiento.

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