El presidente del cgpj apuesta por la “autorregulación” frente a los “excesos” al informar sobre causas judiciales

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, dijo hoy en el marco del Foro de la Nueva Economía que es partidario de la “autorregulación” y no de la “represión” a la hora de hacer frente a eventuales “excesos” de los medios de comunicación al informar sobre causas judiciales secretas.

Lesmes se refirió a esta cuestión tras participar en el citado encuentro informativo que Nueva Economía Fórum organizó con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
El presidente del CGPJ, que presentó a Madrigal, fue preguntado por los periodistas, al terminar el acto, sobre el debate abierto por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al referirse este miércoles a que el Parlamento europeo está analizando si debe sancionarse a los medios informativos cuyas filtraciones perjudican la presunción de inocencia de investigados en un sumario.
En este sentido, Lesmes dijo que los medios de comunicación “cumplen con su deber” al informar, por lo que cuando se hace esto “no se puede cometer infracción”.
CULA DEL FUNCIONARIO
No obstante, señaló que es cierto que “a veces determinadas informaciones que proceden de investigaciones secretas pueden lesionar derechos fundamentales” de los encausados, como son los referidos a la intimidad, al honor o a la presunción de inocencia.
Sin embargo, el presidente del CGPJ sostuvo que “los excesos deben corregirse más por la vía de la autorregulación, por un ejercicio responsable de la profesión de los periodistas, que por la vía de la represión”.
Al mismo tiempo, el responsable del órgano de gobierno de los jueces se refirió a que el criterio de su institución es que desde la Administración judicial se debe “comunicar a los ciudadanos de la forma más trasparente posible todo lo que hacemos” y que hay que llevar una política “transparente”.
Asimismo, se refirió a que, “en materia de filtraciones”, lo que le parece “realmente reprobable es el servidor público, funcionario, juez o fiscal, que filtra”. Apuntó que la actuación de los empleados del Estado que hacen esto “constituye infracción disciplinaria y, en algunos casos, puede constituir un delito de revelación de secretos”.