El proyecto de ley de jurisdicción social pone en peligro “la protección de los derechos de las personas con discapacidad", según el cermi

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) alertó este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que eviten que el proyecto de Ley de Jurisdicción Social, en trámite en estos momentos en la Cámara, traslade el conocimiento de las impugnaciones contra las decisiones sobre valoración, declaración y calificación del grado de discapacidad de la jurisdicción social, donde ha residido siempre, a la contencioso-administrativa.

El proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso omite, “por olvido absolutamente negligente”, mencionar expresamente la atribución del conocimiento de estas controversias ligadas al grado de discapacidad a la jurisdicción social, por lo que "de no subsanarse en la tramitación parlamentaria mediante enmienda, finalmente irían a la jurisdicción contenciosa, con el retroceso que ello supondría para la tutela de los derechos de las personas con discapacidad”, indica el Cermi en un comunicado.
El sector de la discapacidad no entiende que “una materia que tradicional y pacíficamente siempre ha estado en la órbita de la jurisdicción social, como por naturaleza corresponde, pase ahora a otra jurisdicción más gravosa, más formalista y mucho más lenta, en perjuicio evidente de los derechos e intereses de las personas con discapacidad”.
La declaración del grado de discapacidad, que realizan las administraciones sociales de las comunidades autónomas y el Imserso en Ceuta y en Melilla, es la puerta de acceso a todo tipo de medidas de acción positiva (prestaciones, cuota de reserva de empleo, incentivos y ayudas, mejoras fiscales, etc.) de los poderes públicos, por lo que este cambio de jurisdicción pone en grave peligro, según el Cermi, el mantenimiento de la protección social entendida en sentido amplio alcanzada hasta ahora.
El Cermi pide a los grupos parlamentarios que corrijan esta situación formulando las enmiendas correspondientes para que este "enorme riesgo" no se materialice.