El senado elegirá al sustituto de ortega, que ocupará el puesto hasta 2016

El Senado abrirá próximamente el proceso para sustituir al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Luis Ortega, fallecido ayer cuando asistía a un pleno ordinario. Un proceso que, sin plazos establecidos, supondrá la designación del juez que le sustituirá a propuesta de un parlamento autonómico y por el tiempo que le restaba de mandato, hasta diciembre de 2016.
El Senado fue la Cámara que nombró a Ortega en diciembre de 2010 a propuesta del Parlamento de Castilla-La Mancha y del PSOE. Su nombramiento se produjo con casi tres años de retraso por la falta de acuerdo entre PP y PSOE.
De hecho la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establece plazos concretos para los relevos en este órgano, que dependen enteramente de la negociación política y del trámite en el Senado.
Cuando la Cámara Alta abra el proceso, las Asambleas de las comunidades autónomas tendrán que proponer candidatos y el Senado deberá elegir a uno de ellos por mayoría de tres quintos.
Para respetar la proporcionalidad de la representación en el Constitucional, será el PSOE el que proponga el nombre del nuevo candidato, puesto que Ortega fue propuesto a iniciativa suya. El elegido permanecerá en el puesto el tiempo de mandato que le quedaba por cumplir a Ortega, hasta diciembre de 2016.
Formalmente, es la Mesa del Senado la que debe abrir un plazo para que los parlamentos regionales envíen candidaturas para sustituir a Luis Ortega. Serán entonces las asambleas legislativas autonómicas las que propongan candidatos a iniciativa de los grupos.
Una vez que el Senado reciba las propuestas, se convocará la Comisión de Nombramientos, ante la que los aspirantes tienen obligación comparecer a examen. La Cámara Alta no está obligada a seleccionar a uno de ellos si entiende que no reúnen los requisitos o no les considera adecuado. Entonces serían los grupos parlamentarios los que harían la propuesta.
El candidato seleccionado se someterá a votación del Pleno, y sólo saldrá elegido si es respaldado por tres quintas partes de la Cámara, es decir 161 senadores del total de 264. Esta condición abre dudas sobre el mantenimiento de la relación de fuerzas entre conservadores y progresistas, puesto que el PP cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante una candidatura.