El Senado rechaza 4 vetos a la ley de Responsabilidad Ambiental

Madrid, 25 jun.- El pleno del Senado ha rechazado hoy, con los votos del PP y CiU, los cuatros vetos planteados por la izquierda a la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que exonera a miles de empresas de contratar un seguro verde para afrontar los posibles daños ambientales que puedan causar.

La citada exención ha motivado los vetos del Grupo Mixto, Entesa (2) y Grupo Socialista a este texto, al que también se presentaron 50 enmiendas parciales.

Según los citados grupos, la futura norma sólo protege "la devaluación medioambiental" y no establece el principio de quien contamina paga.

Así el senador de IU, Jesús Enrique Iglesias ha considerado que se renuncia al principio de precaución y se acepta el "imperio de la avaricia para los que quieren obtener el máximo beneficio a cualquier precio".

Joan Saura (Entesa) ha citado el informe del Consejo de Estado para asegurar que de 320.000 actividades, sólo 5.470 tendrán la obligación de tener una garantía financiera o seguro verde.

Esta exención supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas, y a juicio del Ejecutivo carece de sentido exigir un seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería o un estudio de música.

Pero para el senador socialista, Miguel Fidalgo, el proyecto es una "contrarreforma" que solo beneficia económicamente a los particulares porque convierte en voluntario el análisis de los riesgos medioambientales.

En respuesta a todos ellos, la senadora del PP, Patricia Navarro, ha defendido que es una reforma "necesaria, oportuna y ajustada a la realidad", y ha considerado que la anterior era un "brindis al sol" porque durante sus siete años de vigencia no se ha constituido ni una sola garantía financiera.

Navarro ha destacado además la madurez y responsabilidad de unas empresas españolas, que saben cumplir con sus obligaciones.

Según la futura ley, las empresas sometidas a la autorización ambiental integrada sí estarán obligadas a tener la citada garantía.

Este mecanismo obliga a los operadores económicos recogidos en la norma a realizar un análisis de riesgos y a contratar, en base a los datos obtenidos, este seguro que tiene un importe máximo de 20 millones de euros.

En caso de que el daño ambiental causado sea superior a la citada cantidad, la compañía seguirá siendo responsable y tendrá que afrontar igualmente los costes.