El supremo acusa a los periodistas de haber actuado “con ligereza” en la cobertura del crimen de fago

El Tribunal Supremo ha aprovechado la sentencia con la que ha confirmado los 20 años y nueve meses de prisión impuestos a Santiago Mainar como autor material del asesinato del alcalde de Fago (Huesca), Miguel Grima, para acusar a los periodistas de actuar “a veces” con “ligereza y precipitación” y para exigir “autocontención” a los medios de comunicación con el fin de limitar los “juicios paralelos”.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hacen estas advertencias en la resolución hecha pública hoy con la que han desestimado el recurso interpuesto por Mainar, al que declaran culpable de los delitos de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas.
El Supremo dedica un apartado entero de su resolución a afirmar que “ha existido un juicio paralelo” en el caso del crimen de Fago y a exigir “autocontención” a los medios de comunicación, así como “rigor de veracidad en las noticias que transmitan”.
La sentencia reconoce que el “derecho a comunicar o recibir libremente información veraz abarca e incluye al derecho a informar sobre las actuaciones judiciales”, pero alerta del peligro de que la publicación de noticias e hipótesis “hagan aparecer como culpables ante la sociedad a personas que solo están o han sido imputadas”
“Es evidente que la publicación de hipótesis y suposiciones en los medios de comunicación es una simple consecuencia de la libertad de prensa que constituye una divisa de toda sociedad democrática”, señala el Alto Tribunal, que añade que “la justicia no puede ser administrada correctamente de espaldas del pueblo”.
Los miembros del tribunal, tras recordar que los periodistas son “críticos siempre con quienes desempeñan actividades con repercusión pública”, señalan que ellos también “deberían efectuar una reflexión, desde la serenidad, en relación a las consecuencias que pueden derivarse de lo que se escribe o dice”.
“La justicia paralela no es justicia”, concluye la resolución tras apelar a la “deontología profesional” de los periodistas.