El Tribunal Supremo se reúne de nuevo el próximo martes con los recursos contra la exhumación de los restos de Franco sobre la mesa. La semana pasada no dio tiempo a fijar postura sobre este tema en los dos encuentros que hubo de la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que es quien debe deliberar para imponer o no las medidas cautelares que ha pedido la familia del dictador, la Fundación Franco y los monjes de la basílica del Valle de los Caídos, entre otros. Si el Supremo estima las peticiones de los recurrentes, habría que esperar a conocer el fallo sobre el fondo de la cuestión, que puede retrasarse todavía meses. Si no se estima la petición, Moncloa procederá a trasladar los restos del dictador desde el Valle al cementerio de Mingorrubio, junto a los de su esposa Carmen Polo, en la localidad madrileña de El Pardo y sin ningún impedimento legal.
Los magistrados del Supremo están en el límite de plazo para dar tiempo a que se puedan hacer alegaciones sobre su decisión antes del día 10 de junio, la fecha tope que se ha marcado el Ejecutivo para proceder al traslado de la sepultura, si los jueces no lo retrasan. De hecho, en el pabellón donde se van a depositar los restos ya han comenzado las obras por parte de una contrata de la Administración central, que es desde mediados de este mes de mayo la propietaria de las instalaciones, tras la cesión que le ha hecho Patrimonio Nacional.
La idea del Ejecutivo es realizar la operación sin ningún tipo de publicidad, para que pueda pasar lo más inadvertida posible, a pesar de que son conscientes de que será muy complicado. Para evitar cualquier tipo de irregularidad o fallo de seguridad, hace una semana que se realizó una reunión en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, con el objetivo de establecer los cordones de seguridad o las medidas necesarias que impidan que el traslado cause una elevada alarma social.
De Franco a Puigdemont
Dentro del Supremo, el magistrado que preside el tribunal es Segundo Menéndez Pérez, un juez calificado como “progresista” en el entorno de la judicatura y que ya participó en la primera decisión sobre la exhumación de Franco en la que se rechazó el recurso de la familia ante la necesidad de esperar a que el Gobierno tomara una decisión definitiva al respecto. Mientras que desde el entorno del Ejecutivo confían en que la Sala tomará una decisión favorable a sus intenciones y desestimará los recursos presentados, en el entorno de la familia y la Fundación se cuenta con una paralización de todo el proceso, para evitar que se realice algo que luego sería irreversible.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que la opción lógica, para salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a los demandantes contra la decisión del Gobierno, sería que la Sala Tercera admitiese la medida cautelar de dejar todo como está hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, algo que ya se produciría después del verano. Cabe incluso la opción de que este martes se decida solo imponer la cautelar y se deje la decisión sobre los recursos y sobre el fondo de la cuestión para más adelante.
Fuentes cercanas al Supremo aseguran que la idea es dejar zanjado este tema el próximo martes, una vez que el Gobierno ha tomado la decisión y ha cerrado todo el proceso administrativo necesario para ello. Sobre todo porque el presidente del tribunal, el juez Menéndez, tiene otras labores importantes que realizar en otra de sus actuales ocupaciones, la de presidente de la Junta Electoral Central (JEC).
Segundo Menéndez, que lleva en el Supremo más de 22 años, preside la JEC y, a partir de la semana que viene, debe meterse de lleno en el conflicto que se ha generado con las actas de los eurodiputados españoles, que no han logrado el pase temporal en Estrasburgo hasta que se aclare la situación de Carles Puigdemont y Teresa Comin, elegidos para el Parlamento Europeo, pero considerados presos huidos de la justicia española.
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