El Supremo da aire a Barcina en su minoría parlamentaria

María Montoya

Pamplona, 24 jul.- La decisión del Tribunal Supremo de archivar la causa abierta contra la presidenta Yolanda Barcina en el caso de las dietas de Caja Navarra (CAN) le da aire en una difícil tesitura al frente de un Ejecutivo en minoría y de un partido, UPN, que intenta recomponer su unidad tras el último Congreso.

La decisión se ha conocido hoy, después de que el pasado día 1 llegara al Tribunal Supremo la petición de la juez María Paz Benito, instructora en Pamplona del caso de las dobles y triples dietas de CAN, para que el alto tribunal tomara declaración como imputada a Barcina, cuyo cargo le dota de un aforamiento que impide que sea investigada en otra instancia judicial.

Sí han sido investigados sus compañeros en la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, un órgano desconocido integrado, además de por Barcina, por los ya imputados por la juez Benito, el expresidente del Gobierno foral y de UPN, Miguel Sanz; el exconsejero de Economía Álvaro Miranda; y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, a quienes acompaña en la imputación el exdirector de la CAN Enrique Goñi.

El recorrido del caso ha minado la figura de Barcina tanto en lo personal como en su carrera política, por haberle hecho vivir los momentos más complicados de su trayectoria, ya que no ha ayudado a recuperar ni su fortaleza en un Gobierno en minoría ni a afianzarle en el liderazgo de UPN.

En cuanto al Parlamento, el único respiro ha sido la actitud de PSN, que ha impedido que saliera adelante una moción de censura contra Barcina y se creara en la Cámara una Comisión de Investigación sobre Caja Navarra, si bien todos los grupos han sido muy críticos con lo ocurrido.

También en la calle su actuación ha sido muy cuestionada, como lo evidenció una manifestación con miles de participantes, que en febrero convocó la asociación Kontuz!, cuya denuncia del caso junto a UPyD, motivó el inicio de la investigación judicial ese mismo mes.

Fue el pasado 4 de febrero cuando la jueza Benito hizo pública una resolución judicial en la que exponía su intención de investigar las denuncias, lo que derivó en la imputación de Sanz, Miranda, Maya y Goñi, quienes acudieron a declarar al Palacio de Justicia tras advertir la jueza el "dudoso" sustento legal de las dietas.

Mientras, la situación en el seno de su partido tampoco ha sido fácil, ya que pese a los intentos de consensuar una lista única, el 17 de marzo se llegó al Congreso de UPN con dos candidaturas que optaban a la presidencia, la suya y la de su hasta entonces vicepresidente, Alberto Catalán, a quien se impuso por tan sólo el 51,58 % de los votos.

Pese a que ambos contendientes han dicho "pasar página" tras aceptar el resultado, la campaña interna antes del Congreso estableció claramente dos sectores en torno a cada uno de los candidatos, y el argumento del cobro de las dietas de Caja Navarra cobró protagonismo a la hora de posicionarse la militancia.

Sin embargo, la presidenta, pese a considerar que "una persona que tiene corrupción no tiene que estar en un partido político", ha negado en diversas ocasiones que éste sea el caso de UPN, donde asegura que "no hay corrupción" y pide "unidad".

En todo caso, la decisión del Tribunal Supremo de archivar el caso da un respiro sobre todo al Gobierno foral, ya que la tras la ruptura hace un año del pacto entre UPN y PSN Barcina ha comandado un Ejecutivo cuya minoría en el Parlamento ha frenado muchas iniciativas y se ha visto superado por la aprobación de leyes impulsadas por la oposición.

Mientras, la presidenta ha obviado reiteradamente las instancias a dimitir hechas desde la oposición, que fue capaz de aprobar una declaración institucional del Parlamento (con UPN y PP en contra) que así lo pedía, pero no una moción de censura (que UPN y PP rechazaron con la proverbial abstención del PSN), la primera de la historia de la Comunidad foral.

El cerco a su situación se relaja ahora con el anuncio de la no apertura del caso por parte del Tribunal Supremo, instigado por la juez navarra que, pese a la opinión contraria de la fiscalía, apreciaba indicios de cohecho impropio, ante lo que Barcina insistía en confiar que la investigación demuestre su "inocencia" y "honorabilidad".