El supremo imputa a otro juez por el 'caso itv' en cataluña

El Tribunal Supremo ha imputado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Emilio Aragonés Beltrán, al que ha abierto una investigación por la presunta comisión de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función por su supuesta participación en la trama del 'Caso ITV'.

La Sala de lo Penal del Supremo, en un auto hecho publico hoy, ha imputado a Aragonés Beltran tras recibir del Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona los indicios contra el magistrado, que tiene la condición de aforado. En su exposición, el Alto Tribunal recuerda como “en el curso de las investigaciones judiciales se llevó a cabo la intervención de documentación y soportes informáticos en los correspondientes registros que dio lugar a la investigación por la Unidad de Vigilancia Aduanera. Resultado de ésta se constató la existencia de una serie de correos electrónicos en los que figura el aforado aquí imputado como remitente y receptor de varios de ellos”.
El tribunal, presidido por Juan Saavedra, señala que los indicios aportados por el Juzgado de Barcelona contra Aragonés Beltrán, "de acreditarse, constituiría el delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos previsto y penado en el art. 441 del Código Penal”. Por todo ello, el Supremo ordena la apertura de una investigación y la imputación del magistrado.
JUICIO CONTRA ORTIZ BLASCO
El Supremo ya ordenó el pasado mes de septiembre la apertura de juicio oral contra el juez Joaquin José Ortiz Blasco por la presunta comisión de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios publicos y de abuso en el ejercicio de su función en relación con su supuesta mediación entre la Generalitat Catalana y la empresa Certio para la adjudicación de los concursos de la Inspección Técnica de Vehículos ( ITV ).
El Alto Tribunal destacó que el juez Ortiz Blasco, como presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jusitcia de Cataluna (TSJC), tenía la competencia sobre todas las impugnaciones por vía de recurso judicial contra los Decretos emitidos por el Gobierno de la Generalitat en matería de concesión de autorización de aprovechamiento y explotación de estaciones de ITV .
El Supremo subrayó que Ortiz medió “con carácter permanente” y “fuera de los casos permitidos por las leyes, con planteamientos originales y expectativas jurídicas incluso legislativas”, entre dos de las partes de un recurso contencioso en el que había sido designado ponente. En concreto, habría realizó “asesoramiento permanente y extendido en el tiempo” a la empresa Certio que pedía la adjudicación de los contratos de las ITV a la Generalitat.