México, 24 jul.- La Suprema Corte de México admitió hoy el recurso presentado por el Gobierno contra la orden del Congreso para que el presidente Felipe Calderón promulgue la Ley de Víctimas, que obliga al Estado a proteger y reparar a las víctimas del crimen y abusos de derechos humanos.
Con la admisión a trámite del recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el ordenamiento legislativo mientras el máximo órgano judicial del país estudia el caso.
La SCJN refirió en un comunicado que el 19 de julio de 2012 el Ejecutivo federal presentó una demanda de controversia constitucional contra la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que exigen la promulgación de la ley.
Añadió que "al haber sido presentada por un órgano legitimado de forma oportuna y no advertirse motivo notorio y manifiesto de improcedencia", se concedió la solicitud del Ejecutivo.
El pasado 11 de julio, el Congreso mexicano devolvió al Gobierno la Ley General de Víctimas y exigió su inmediata promulgación y entrada en vigor, argumentando que las observaciones formuladas por el Ejecutivo fueron hechas fuera de tiempo.
El poeta y activista Javier Sicilia, que encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), acusó el pasado 5 de julio a Calderón de faltar a su palabra al devolver la ley al Congreso con observaciones el 1 de julio, después de que se realizaran elecciones en el país.
Calderón "está faltando a su palabra" y "un hombre que falta a su palabra no vale nada", aseguró en esa ocasión el poeta.
La iniciativa ya había sido aprobada a finales de abril por la Cámara de Diputados, avalada antes por el Senado, y sólo necesitaba la promulgación del mandatario para su entrada en vigor.
La SCJN deberá ahora determinar si las observaciones a la ley formuladas por el Gobierno fueron hechas de forma extemporánea como afirma el Congreso, o si fueron planteadas "en tiempo y forma" como alega el Ejecutivo.
El máximo tribunal no analizará el contenido de la ley, que según el Ejecutivo tiene serios defectos y que si fuera promulgada en su forma actual se vería inmediatamente impugnada por estados y municipios del país, lo que impediría su aplicación.
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