El Tribunal de Cuentas abrió en 2012 procesos para recuperar 18 millones

  • La Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió, en el año 2012, 298 procesos para que fueran reintegrados en el Tesoro Público 18,37 millones de euros considerados "saldos deudores injustificados por parte del sector público", según datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Madrid, 22 oct.- La Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió, en el año 2012, 298 procesos para que fueran reintegrados en el Tesoro Público 18,37 millones de euros considerados "saldos deudores injustificados por parte del sector público", según datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado.

De ellos, sólo 2,58 millones de euros fueron entregados voluntariamente por los demandados en el inicio del procedimiento.

La memoria de la Fiscalía fue entregada ayer por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

El Tribunal de Cuentas ha recordado hoy, en un comunicado, que la Fiscalía promueve, entre otras acciones, la exigencia de responsabilidades contables y penales, sin olvidar otras responsabilidades como las que hacen referencia al pago de retribuciones en situaciones de incompatibilidad o de posibles infracciones en materia tributaria.

Su fiscal-jefe, Olayo Eduardo González, ha asegurado que la Fiscalía de esa institución es un "observatorio privilegiado" que realiza una gran parte de su actividad con asuntos relacionados con la corrupción, ya que en los informes de fiscalización se pueden ver "indicios de responsabilidad contable, penal, administrativa y disciplinaria".

A ese respecto, se ha referido a irregularidades en las leyes reguladoras de los tributos -como anomalías en las retenciones del IRPF o el blindaje en contratos para evitar la tributación de impuestos- y al fraccionamiento de contratos para evitar la obligación de convocar un concurso público.

Según el fiscal, todas esas acciones son comunicadas por la Fiscalía a la Agencia Tributaria o a las Fiscalías Territoriales competentes para el ejercicio de acciones penales.

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