El TSXG acuerda inhibirse en la causa de la 'Operación Campeón'

Lugo, 31 oct.- La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado remitir el caso de la llamada "Operación Campeón" al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo e inhibirse en esta causa.

El acuerdo se ha tomado porque tanto el exdiputado Pablo Cobián (PP) como el nacionalista Fernando Blanco, que recientemente renunciaron a sus escaños, han perdido la condición de aforados.

El TSXG tomó la decisión el pasado 24 de octubre de inhibirse en el caso de Fernando Blanco y esta misma mañana hizo lo propio en lo que se refiere a la parte de la causa en la que aparece Pablo Cobián, porque después de su dimisión en el Parlamento de Galicia, cuenta ya con la condición de aforado.

De hecho, en los autos emitidos por el alto tribunal gallego, que serán enviados al Juzgado de Lugo que instruye la 'Operación Campeón' se argumenta que esa inhibición en la causa es consecuencia de una "falta de competencia sobrevenida".

Fuentes del TSXG informaron a Efe de que en el momento en el que el alto tribunal gallego tuvo conocimiento de que ambos políticos habían presentado su dimisión como diputados en el Parlamento de Galicia y, por lo tanto, perdían la condición de aforados, solicitó un informe de la Fiscalía.

Ese informe fue entregado la pasada semana, de forma que la Sala de lo Civil y de lo Penal tomó la decisión de reunirse hoy para adoptar una decisión con respecto a la causa.

Perdida la condición de aforados, la causa será devuelta al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, de forma que será la juez Estela San José la que los citará para declarar.

El "caso Campeón" comenzó con la imputación de los dos máximos responsables del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), en un supuesto caso de concesión irregular de ayudas.

Posteriormente, el pasado día 4 dimitió el diputado del PPdeG Pablo Cobián y, al día siguiente, presentó su renuncia el nacionalista del BNG Fernando Blanco, exconselleiro de Industria de la Xunta con el gobierno bipartito, para defenderse de las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso, sobre supuestos cobros ilegales.

Dorribo, según publicó el diario El Mundo, confesó también al juez pagos al ministro de Fomento, José Blanco, quien por ello ejerció acciones legales.