Empleo presentará en junio cambios en inspección laboral y en las sanciones

Madrid, 14 may.- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha adelantado hoy que en junio presentará un anteproyecto de ley que introducirá cambios en la inspección de trabajo, así como en las sanciones e infracciones en el orden social en materia de empleo irregular y seguridad social.

Báñez ha hecho este anuncio en la toma de posesión de 25 nuevos inspectores y de 30 nuevos subinspectores de Trabajo y Seguridad Social.

El anteproyecto forma parte del plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de seguridad social que se aprobó el pasado 27 de abril en el Consejo de Ministros y que, en algunos de sus aspectos, debe ser desarrollado normativamente.

Según la ministra, el anteproyecto de junio cambiará, entre otras, la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la ley general de la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores y la ley de infracciones y sanciones en el orden social.

Báñez ha señalado que esos cambios normativos sólo buscan mejorar el trabajo diario de los inspectores y los subinspectores para perseguir el fraude, garantizar los derechos de los trabajadores y evitar la competencia desleal entre las empresas que pagan sus impuestos y las que no.

El plan aprobado a finales de abril estará en vigor hasta 2013 y, entre otras medidas, endurece las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y fija que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.

Otro de sus objetivos es ampliar el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años.

Para ello, el pasado 11 de abril el Consejo de Ministros aprobó dicha modificación del Código Penal también a través de un anteproyecto de ley.

De acuerdo con el texto, se prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal en lugar de los 5 establecidos hasta ahora, y recoge que el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.

La ministra ha destacado en su discurso que, en la situación actual de crisis y de obligado cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se requiere "intensificar" las acciones contra las actividades fraudulentas en materia de empleo y seguridad social.

El ministerio quiere que la "tolerancia sea cero", ha advertido Báñez, quien ha añadido que "nadie puede estar al margen de la ley" y que hay que poner las bases para una nueva cultura del empleo que sea "más justa y más solidaria".