Empresario admite falsedad para llegar a un acuerdo con Anticorrupción

Málaga, 18 oct.- El empresario Carmelo Armenta ha admitido que cometió un delito de falsedad documental en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella para llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y poder así ver reducida su pena.

Este empresario, que ha reconocido que firmó un contrato que no era real, es el segundo acusado que formaliza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su pena e intentar no continuar con la pena de banquillo.

El ministerio público había solicitado en sus conclusiones provisionales dos años de prisión y multa de tres millones, pero tras el acuerdo, la fiscalía ha reducido la pena a seis meses de cárcel a sustituir, por aplicación el artículo 88 del Código Penal, por la pena de doce meses de multa de diez euros diarios.

Además, el fiscal, Juan Carlos López Caballero, le ha pedido por dicho delito una multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros, según el escrito de conformidad, al que ha tenido acceso Efe.

En el acuerdo suscrito con el fiscal, Carmelo Armenta, que fue detenido en la segunda fase de la "Operación Malaya", reconoce que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.

Este es el segundo acuerdo que se produce en el juicio del "caso Malaya" después de que ayer el empresario Ismael Pérez Peña, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

Pérez Peña también reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ella negó durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del "caso Malaya".

La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.

En el escrito de acuerdo se relata que durante una conversación entre Roca y Pérez Peña en un hotel de Madrid, el primero le pidió al empresario un préstamo de tres millones de euros, aunque éste le dijo que sólo le podía dejar dos millones.

Para ello, quedaron el 30 de enero de 2006 en las instalaciones de la empresa de Ismael Pérez en Getafe (Madrid) y Roca envió para recoger el dinero a otros dos acusados del "caso Malaya", Jaime Hachuel y Óscar Benavente, pero al salir de la sede fueron interceptados por la Policía que intervino el dinero.

Al conocer Ismael Pérez la intervención del dinero por la Policía, se puso en contacto con Roca y acordaron elaborar un supuesto contrato privado de compraventa de tres chalés por el mismo importe que le habían intervenido.

El fiscal mantiene que con ese contrato "se pretendía justificar la posesión del dinero intervenido" y que se firmó en la sede del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta en Madrid por el representante de la entidad que supuestamente adquiría los inmuebles, Carmelo Armenta.