La decisión del Govern catalán de congelar la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y abrir un periodo de diálogo para dar cauce a la celebración pactada de un nuevo referéndum o romper definitivamente con España ha situado el conflicto catalán en el escenario que más temían empresarios e inversores: el de la cronificación del conflicto.
Con el futuro de Cataluña sobre el tablero político, el mundo del dinero se malicia que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en desactivar el desafío independentista y que las políticas y reformas económicas necesarias para apuntalar la aún incipiente recuperación pasarán a un segundo plano. No les faltan razones. El primer efecto de la prolongación de la crisis catalana será muy probablemente la congelación definitiva de la negociación por los Presupuestos de 2018, el principal instrumento de política económica del Gobierno. El PNV ya advirtió que no entraría en esa negociación en tanto no se resolviera la cuestión catalana.
"El escenario más desfavorable para la economía sería la cronificación de la situación de impasse, que se deje sin resolver ni atajar el pulso soberanista", aseguraba hace unos días una importante personalidad del mundo financiero. Su opinión es que la incertidumbre es mal caldo de cultivo para decidir inversiones y que cuanto más tarde en clarificarse la situación, mayor será el riesgo de que algunos proyectos se aplazen sine die o se aborten.
Hasta ahora el impacto económico real de la crisis ha sido moderado. El balance de daños se limita a unos quince puntos básicos en la prima de riesgo española (de los 109 que había antes de la aprobación de las leyes de desconexión a los 123 actuales), dos décimas de sobrecoste para el Tesoro Público en los referenciales títulos de deuda a 10 años y, eso sí, una masiva deslocalización de sedes sociales de empresas que hasta hace unos días 'eran catalanas' y que ahora residen en Madrid o en otras regiones, con el impacto reputacional asociado que dicha huida puede tener para Cataluña como destino inversor.
La ausencia de efectos reales medibles no ha evitado una larga lista de advertencias por parte de actores económicos muy relevantes: JP Morgan, Nomura, Moody's, Standard & Poor's, Banco de España... Todos han manifestado su convicción de que la crisis catalana no alterará la unidad territorial de España, pero todos sin excepción han advertido también de que una eventual prolongación de la crisis tendría efectos negativos para la economía española.
La economía, ante el riesgo de parálisis
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas - uno de los think tank domésticos de referencia para analistas y organismos internacionales - advertía en un reciente post de los graves efectos que tendría sobre la economía española una prolongación del conflicto. "La inversión productiva sería la más vulnerable a la incertidumbre económica. Las empresas requieren de un horizonte de previsión estable para ampliar la capacidad productiva y crear empleo, y ya han empezado a adoptar una actitud expectante".
Según fuentes del mercado, esto ya ha empezado a pasar, especialmente entre inversores extranjeros, que están evitando cerrar transacciones ante la situación de inseguridad jurídica, especialmente en los sectores más expuestos: los regulados y el inmobiliario. El Banco de España también ha avanzado impactos domésticos en forma de contracción del consumo, que podrían afectar al PIB.
La prolongación de la incertidumbre no es tampoco una buena noticia para la reputación de España en los mercados de inversión. S&P, Moody's y Fitch ya anunciaron que ponían a España en el radar por el conflicto catalán y no precisamente para abordar una mejora de su rating. La última en pronunciarse ha sido DBRS, la cuarta en discordia dentro del mundillo de las agencia de calificación, que hace unos días confirmó el rating de España con la advertencia de que un periodo prolongado de incertidumbre "podría pesar negativamente sobre la economía española y sus finanzas públicas".
Las agencias de calificación y los analistas descuentan ya que la dilatación de esta situación de incertidumbre se traducirá en un incremento de la prima de riesgo que piden los mercados a la deuda española y, por tanto, en un mayor coste para el Tesoro en sus colocaciones de títulos. Torres, de Funcas, calcula en 200 millones de euros anuales el impacto en este sentido de una consolidación del leve repunte experimentado en las últimas emisiones.
No disponer de Presupuestos en 2018 no sería tampoco un problema menor. Raymond Torres lo describe así. "Una prórroga presupuestaria no deja espacio para las reformas que necesita la economía en materia impositiva, ni para luchar contra el paro de larga duración y la precariedad, o reorganizar la financiación autonómica. El Gobierno apenas dispondrá de margen de maniobra para reaccionar a un brusco cambio de tendencia o a un 'accidente de mercado', lo que es especialmente preocupante, teniendo en cuenta que el BCE anunciará próximamente una reducción de su apoyo a la financiación de la deuda".
¿Su conclusión? La economía española aún mantiene el pulso, pero para sostenerlo no solo se debe dar una solución a la inseguridad jurídica generada a raíz del conflicto, también se debe dar evitar el inmovilismo al que se enfrenta la política económica.
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