Encausados se concentran en Bilbao en contra del proceso judicial

Bilbao.- Algunos de los 22 encausados en el proceso contra Udalbiltza, la ilegalizada asamblea de electos de Batasuna, se han concentrado hoy en Bilbao acompañados de medio centenar de personas para expresar su protesta contra este proceso, cuyo juicio comenzará el próximo 15 de julio.

Uno de los procesados, el ex concejal de Bilbao Lander Etxebarria, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el objetivo de estas concentraciones, que se celebran todas las semanas, es pedir el archivo de esta causa y reivindicar la legitimidad de Udalbiltza.

Etxebarria también ha anunciado que la próxima semana se presentarán públicamente grupos locales que trabajarán con este mismo fin.

La Audiencia Nacional procesó el 22 de septiembre de 2004 a 21 responsables de Udalbiltza -posteriormente fue encausada otra persona- por su presunta pertenencia a ETA y por un delito de allegamiento de fondos a la banda terrorista, al tratarse de un proyecto del aparato político de ETA, EKIN.

Además, reclamó que los inculpados reintegren, en concepto de responsabilidad civil, el monto total del dinero recibido a través del entramado de la asamblea de electos de Batasuna.

Entre los procesados se encuentran Xabier Alegría, así como otros dos responsables de Udalbiltza, Miriam Campos y Joseba Mikel Garmendia.

El resto de los acusados son: Miren Karmele Urbistondo, Leire Idoyaga, Oscar Goñi, Larraitz Sanzberro, José Manuel Jurado, Lander Etxebarria, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Xarlo Etxezaharreta, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, María Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín y Miren Odriozola. A estos procesamientos se sumó posteriormente el de Ibon Arbulu.

Tres años más tarde, el 12 de septiembre de 2007, el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicitó un total de 240 años de prisión para todos ellos.

En su escrito de acusación, pidió para cada uno diez años de cárcel por pertenencia a una organización terrorista y a cuatro les atribuyó también un delito de malversación de fondos públicos, por el que solicitó otros cinco años más.

La Fiscalía consideró la Udalbiltza-Kursaal como una plataforma "bajo el control directo y exclusivo de ETA", que la banda terrorista empleó para cubrir el vacío institucional producido por la ilegalización de Batasuna.