Cuadriplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Imputado por un posible delito contra la seguridad vial, el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López fue interceptado a las 7:30 horas de la mañana por la Policía conduciendo su moto sin casco en el paseo de la Castellana de Madrid, donde se saltó además un semáforo. El parte realizado por la unidad de atestados de los agentes municipales refleja que el juez realizó durante casi una hora siete pruebas de alcoholemia que no fueron válidas.
Los policías constataron que en estos intentos el juez "cortaba el soplido sin motivo aparente" por lo que le informaron de que su actitud podía "ser considerada como negativa a realizar la prueba de alcoholemia y las consecuencias legales de la misma".
El primer resultado positivo reflejó una tasa de alcoholemia de 1,12 miligramos por litro de aire expirado, que 18 minutos más tarde se redujo a una tasa de 0,98, frente al 0,25 permitido. López presentaba "síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", entre ellos "un deambular anormal".
La Ley considera que existe delito cuando se supera una tasa del 0,60 de alcohol y aunque los agentes policiales están facultados para decidir 'in situ' si el presunto autor del delito es o no detenido, finalmente no se ha producido arresto alguno. Como miembro del Tribunal Constitucional, el magistrado tiene la condición de aforado, por lo que el caso será tratado por el Tribunal Supremo. Según la versión de Enrique López, una vez se le ha retirado el vehículo, se ha marchado a su casa por su propio pie.
ASUME LAS CONSECUENCIAS
El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López presentará hoy su dimisión al presidente de este órgano, Francisco Pérez de los Cobos. El ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha reconocido los hechos que se le imputan y ha declarado que asume "las consecuencias"y ha indicado que hay"circunstancias personales"que justificarían su comportamiento.
ELEGIDO A PROPUESTA DEL PP
La designación de Enrique López, exmagistrado de la Audiencia Nacional, para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional (TC) lleva al alto tribunal a un juez por quien ha apostado firmemente el PP y cuyo perfil político marcó su etapa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
López (Cacabelos, León; 1963) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y juez desde 1989, pero ha sido su papel como portavoz del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2008 lo que le ha valido las mayores críticas por su supuesta cercanía al PP y la falta de neutralidad necesaria para estar en el TC.
En esta etapa el CGPJ se pronunció sobre asuntos como ley del matrimonio homosexual, sobre la que elaboró un informe contrario a la norma, del que al final se eliminó la polémica frase que advertía de que la reforma sería tan radical como legalizar la unión entre un animal y una persona.
López consideró también positivo que el Constitucional se pronunciara sobre la ley contra la violencia de género ante las dudas de constitucionalidad que manifestó el CGPJ, presidido entonces por Francisco José Hernando -hoy también magistrado del TC-, por la discriminación positiva en favor de las mujeres.
Ese tipo de pronunciamientos le han supuesto la crítica de los sectores progresistas, incluido el PSOE, que hasta ahora ha intentado vetarle como candidato al alto tribunal.
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