El presidente de la Taula, Oriol Illa, ha explicado que lo presentarán la semana que viene y pedirán la suspensión cautelar de la convocatoria 2016, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Será la primera vez que las 3.000 entidades sociales que agrupa la Taula emprenden acciones judiciales en este tema, ante el hecho de que se limitan las subvenciones de la casilla del IPRF de la Renta a programas de ámbito estatal, lo que dejará sin subvención a cerca de 60 entidades, dejando de recibir cerca de 13 millones de euros.
La Taula ha considerado que la convocatoria es contraria al reparto de competencias entre el Estado y la Generalitat, porque las finalidades de estas subvenciones --como la integración sociosanitaria, entre otras-- son materias en las que las comunidades autónomas ostentan competencia exclusiva o de ejecución.
También ha destacado que la convocatoria privilegia los programas de alcance estatal, mientras que el ámbito territorial autonómico es más adecuado para las entidades sociales, que trabajan con los sectores sociales, y es también el ámbito en el que la Constitución y los Estatutos de Autonomía han centrado las políticas públicas sociales.
CHOQUE COMPETENCIAL
Las bases reguladoras de estas subvenciones son las establecidas en el Real Decreto 536/2013 de 12 de julio, contra el que la Generalitat presentó un recurso el mismo año de su creación considerándolo un "choque competencial".
En marzo el rechazó este recurso, contradiciendo las 13 sentencias anteriores del Tribunal Constitucional (TC) y el TS que daban la razón al ejecutivo catalán.
El decreto sostiene que las finalidades que se persiguen con estas subvenciones "no pueden conseguirse adecuadamente en el ámbito autonómico", por lo que tienen que ser de alcance estatal o ejecutadas por la administración central.
También estipula que las subvenciones se dirigirán a la atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, con necesidades educativas o de inserción laboral, según el artículo 1.
Catalunya es la comunidad autónoma que más ha aportado a este fondo en los últimos años, hasta un 25% de la recaudación, mientras que solo recibe anualmente el 14% en forma de contratos sociales que tienen lugar en el territorio catalán, según datos de la Taula.
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