Valencia.- La ley que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal de Valencia, como los derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, y establece que esa ejecución no podrá verse menoscabada por acuerdos de otras Administraciones ha entrado hoy en vigor.
Esta ley fue aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts Valencianes, con los votos a favor del PP y en contra del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, y ha sido publicada hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Este texto deroga expresamente el decreto-ley que el Consell aprobó en enero, tras la declaración de expolio acordada por el Ministerio de Cultura a las actuaciones previstas en el Cabanyal, y que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo consideraba en su recurso que la norma menoscababa las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y que no estaba justificada por la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución en estos casos.
Ese decreto-ley fue posteriormente convalidado por Les Corts y se acordó que se tramitara como proyecto de ley, texto que ahora entra en vigor tras publicarse en el DOCV.
La derogación expresa del decreto-ley fue incluida en la ley mediante una enmienda presentada por el PP, y según la oposición su objetivo es "cargarse" el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, ya que carecerá de objeto una vez desaparecido el decreto recurrido, si bien el PP ha mantenido que "no siempre" que se deroga una norma el TC pone fin al recurso.
La ley, formada por tres artículos, se justifica por razones "de extraordinaria necesidad", para mejorar la protección del patrimonio cultural "más importante" de la Comunitat, y de "urgente necesidad", ya que el PEPRI está en una "fase avanzada" de ejecución con "grandes" presupuestos comprometidos.
Asimismo, se establece en ella que es "apremiante" completar su ejecución, dando a Valencia "una nueva salida al mar" y regenerando un entorno "muy degradado".
La ley que ahora entra en vigor incluye asimismo la creación del Consejo asesor de patrimonio histórico inmobiliario como institución consultiva de la Generalitat en materia de patrimonio cultural, que se encargará de informar de las declaraciones como Bien de Interés Cultural de los conjuntos históricos y de sus modificaciones.
La oposición ha cuestionado que se cree este consejo para "legitimar" las "aberraciones" del PP, y que su composición y funcionamiento se establezcan mediante un reglamento de la Conselleria de Urbanismo.
Durante el debate parlamentario, el PP defendió que el PEPRI del Cabanyal y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar es "bueno" para Valencia y "plenamente legal y constitucional", y la orden del Ministerio "una extralimitación competencial", un "abuso" y "plenamente ilegal".
Para el PSPV, el Cabanyal es "el error Barberá", que ha convertido la ciudad en "territorio para hacer negocio"; para Compromís el PP ha traspasado "todos los límites legales y morales" para "arrasar" ese barrio, y para EU esta ley busca "destruir, expoliar y acabar" con un barrio declarado BIC.
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