¿Es posible una Política Agrícola Común más verde?

Viejo y complejo debate. La Política Agrícola Común (PAC), la única política comunitaria de los hoy Veintisiete Estados miembros, atraviesa momentos de duda. La cuestión sobre mantener esta partida comunitaria que cada año absorbe más del 50% del presupuesto parece que está resuelta. La PAC seguirá activa más allá del año 2012. ¿Pero bajo qué criterios?

La Comisión Europea ha abierto un periodo de consulta hasta julio para decidir cómo será la agricultura del futuro, qué operadores recibirán ayudas y bajo qué normas, ahora que nuevos miembros entrarán a formar parte del club comunitario y que las ayudas deberán repartirse. España es el segundo país de la UE que más ayudas agrícolas recibe. En el último ejercicio recibió 7.412 millones de euros.

Las organización ecologistas han entrado en el debate con una propuesta: que los pagos de la PAC se otorguen en función del estado ambiental de la zona que los recibe. WWF España y SEO/BirdLife arrojan en el informe “¿Quién contamina cobra?: Relación entre la Política Agraria Común y el medio ambiente en España” que “cuanto más dinero recibe una zona, peor es su Estado ambiental, ya que las mayores ayudas están ligadas a sistemas de explotación intensivos en el uso de los recursos naturales (suelo y agua), fertilizantes o fitosanitarios.

Según estas organizaciones, la PAC privilegia aquellas explotaciones agrícolas de uso más intensivo, “dejando fuera muchos sistemas naturales como las dehesas, o los ubicados en la red Natura 2000”. En la actualidad, el 18% de los beneficiarios de la PAC acapara el 85% de las ayudas en la UE.

Por ello, estas organizaciones reclaman una política de “dinero público para bienes públicos” para alcanzar objetivos de conservación de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático. Ambos organismos dicen creer en que “sólo protegiendo los recursos naturales, los bienes y servicios que proporcionan unos ecosistemas saludables, tendrá futuro la ganadería y la agricultura del siglo XXI”.