España defenderá en el PE un acuerdo temporal con EEUU sobre datos bancarios

  • Bruselas.- El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defenderá el próximo miércoles ante el Parlamento Europeo (PE) la necesidad de un acuerdo temporal con Estados Unidos para la transferencia de datos bancarios en la lucha contra el terrorismo.

Bruselas.- El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defenderá el próximo miércoles ante el Parlamento Europeo (PE) la necesidad de un acuerdo temporal con Estados Unidos para la transferencia de datos bancarios en la lucha contra el terrorismo.

Según ha confirmado hoy la Eurocámara, Rubalcaba comparecerá en nombre de la Presidencia de turno española de la Unión Europea (UE) en el debate organizado el día antes de que los eurodiputados voten el acuerdo transitorio, que amenazan con vetar.

España defiende, según explicó ayer a Efe su secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que no debe interrumpirse la aplicación de ese convenio provisional que desde el pasado 1 de febrero regula la entrega de datos de las transferencias efectuadas a través del consorcio bancario Swift.

Sin embargo, el PE -que con el nuevo Tratado de Lisboa tiene la última palabra en este tipo de acuerdos- podría rechazar su aplicación, tal y como recomendó ayer la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE).

A día de hoy, los grupos Socialista, Liberal, Verde y de la Izquierda Unitaria se oponen oficialmente al acuerdo, mientras que el Partido Popular Europeo (PPE) y los conservadores "euroescépticos" lo apoyan.

El resultado del voto en el pleno es incierto, en cualquier caso, pues existen divisiones dentro de las familias políticas, con alrededor de un tercio del PPE que no estaría dispuesto a dar el "sí" y con delegaciones socialistas como la española o la británica que respaldan el acuerdo frente a la postura de su grupo.

Además, el resultado del voto en la comisión LIBE fue muy ajustado (29/23) y, tal y como hoy han recordado fuentes parlamentarias, este órgano suele ser más celoso con los asuntos de derechos individuales y de protección de datos que el conjunto del pleno.

Esas garantías, pero especialmente la forma en la que los Estados miembros han esquivado al Parlamento en la tramitación del dossier, son las que han puesto a una buena parte del hemiciclo en contra.

El contenido de la intervención de Rubalcaba, y las garantías que pueda ofrecer al Parlamento, determinarán la orientación definitiva del voto de algunos grupos, según dejaron hoy claro sus portavoces en una rueda de prensa conjunta.

Los Veintisiete aprobaron el acuerdo justo el día antes de la entrada en vigor del nuevo Tratado -que obliga a involucrar a la Eurocámara en su redacción- con el fin de evitar durante los próximos meses un vacío legal mientras se negocia el convenio definitivo, ya con la participación de los eurodiputados.

"Si aceptamos (el convenio transitorio), estaremos entregando nuestras nuevas capacidades", aseguró hoy el portavoz de Los Verdes, grupo que considera que esta decisión sentaría un precedente negativo para el Parlamento a la hora de aplicar las nuevas reglas comunitarias en otros casos.

En paralelo, otra parte de la Eurocámara aboga ahora por suprimir la votación prevista para el próximo jueves y negociar con los Estados miembros un "sí" condicionado al acuerdo.

Según fuentes parlamentarias, esta opción gana fuerza y con ella el PE pretendería que se empezase a negociar de inmediato el sistema definitivo de transferencia de datos y que el acuerdo temporal se aplicase sólo durante un breve periodo de tiempo.

A día de hoy, y a pesar de que ese pacto entró en vigor el día 1 de febrero, la compañía Swift no está entregando datos a EEUU a la espera de que el PE ratifique el acuerdo, al considerar que aún no tiene toda la validez legal.

Algunos grupos del PE que defienden la aprobación del mecanismo interino han advertido en los últimos días de que si éste es rechazado, EEUU buscará el acceso a los datos a través de contactos bilaterales con los países europeos y, por tanto, con menos garantías de protección que las previstas en el acuerdo comunitario.

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