Santiago de Compostela.- Ministros y representantes de España, Portugal, Brasil y Argentina han firmado hoy en Santiago de Compostela un acuerdo para simplificar y agilizar los procedimientos para la extradición de personas y favorecer así la coordinación contra la criminalidad transfronteriza.
El denominado 'Tratado de Compostela' reduce el tiempo de tramitación de las extradiciones, ya que a partir de ahora se llevarán a cabo mediante un formulario bilingüe español-portugués que se enviará por correo electrónico.
El tratado, al que podrán adherirse otros países americanos, establece la necesidad de agilizar el procedimiento y prevé un plazo de 30 días para entregar al detenido, una vez adoptada la decisión de su extradición.
El acuerdo fue firmado por los ministros de Justicia de España, Francisco Caamaño, y de Portugal, Alberto Martins, así como por el viceministro de Brasil, Rafael Favetti, y por la coordinadora general del Ministerio argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Adriana Alfonso.
Caamaño trasladó, en una conferencia de prensa posterior junto a los demás responsables de justicia, su esperanza de que Venezuela pueda sumarse a esta iniciativa.
El Gobierno español acordó recientemente pedir a Venezuela la extradición de Arturo Cubillas, residente en Venezuela tras ser deportado en 1989, para juzgarle en la investigación por la supuesta relación entre ETA y las FARC colombianas.
El ministro español precisó que esa solicitud ya ha sido enviada y apuntó que "es perfectamente viable" que Caracas pueda sumarse a dicha iniciativa, ya que "lo importante es que podemos combatir el terrorismo, en Venezuela también".
Agregó que el acuerdo para la simplificación de trámites de extradición permitirá agilizar el proceso para los delitos no sólo de terrorismo, sino también de tráfico de seres humanos, tráfico de drogas y todo tipo de crimen organizado.
Caamaño indicó que los cuatro países firmantes son "impulsores y animadores de este proceso" y opinó que podrán mostrar y poner a prueba medidas prácticas para "superar las dificultades técnicas", con el objetivo de que otros Estados puedan sumarse en el futuro, ya que consideró que la mejor manera de luchar contra el crimen organizado es mediante la cooperación.
El ministro español afirmó que el acuerdo pretende "profundizar en los cauces legales de cooperación jurídica internacional vigentes", una tarea que requiere "un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los países" para "mejorar la eficacia de los procedimientos y velar por la seguridad jurídica y el cumplimiento de las garantías del sujeto durante el proceso de detención y entrega".
El documento establece que los delitos que dan lugar a la extradición "deben cumplir un umbral de duración" de una máximo de un año para el enjuiciamiento o de seis meses para el cumplimiento de la condena.
También prevé que los países que entreguen a ciudadanos de su nacionalidad podrán condicionar la entrega a que posteriormente puedan ser devueltos para poder cumplir la condena en su país de origen de manera inmediata.
Por último, el tratado prevé que las personas reclamadas por la justicia de un país puedan "consentir" de manera voluntaria su entrega, lo que "reducirá considerablemente la duración del procedimiento".
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