España respeta el fallo del TEDH pero no cambiará la política penitenciaria

Madrid, 21 oct.- La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anuló hoy la doctrina Parot, ha provocado el rechazo del Gobierno y las víctimas del terrorismo, mientras que el Ejecutivo regional vasco la considera "una oportunidad" para reflexionar sobre la política penitenciaria.

En rueda de prensa conjunta de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, el Gobierno expresó hoy su solidaridad con las víctimas del terrorismo tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentencia que respeta pero que le duele.

El TEDH anuló la jurisprudencia del Tribunal Supremo español conocida como doctrina Parot -toma su nombre del etarra Henri Parot- que computa los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dejó claro que esta sentencia no cambiará la política penitenciaria del Gobierno y advirtió que al Ejecutivo "no le temblará el pulso" en las actuaciones contra ETA.

Además, el ministro de Justicia afirmó que el Gobierno no pagará a la etarra Inés del Río la multa de 31.500 euros que la sentencia del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) le ha impuesto al Estado.

Explicó que se los descontará de la deuda que mantiene con éste al haber sufragado las indemnizaciones a las víctimas de sus atentados, al declararse la condenada insolvente.

Por su parte, el Partido Socialista principal grupo de la oposición, expresó a través de su secretario de Organización, Oscar López, que "acata" la sentencia pero que le "repugnan" las consecuencias que pueda tener en algunos casos, porque "no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24".

Inés del Río está condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos.

El Gobierno regional del País Vasco consideró hoy que la sentencia del TEDH es una "oportunidad" para iniciar una "reflexión compartida" sobre la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA.