Eta. El gobierno vasco espera que el supremo no ceda a las "presiones políticas" contra la reinserción

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, dijo hoy que espera que el Tribunal Supremo "actúe sin ceder a presiones políticas" a la hora de unificar jurisprudencia sobre cómo se han de contabilizar las penas cumplidas por españoles en otros estados de la UE; presiones, dijo, que van contra el principio de reinserción.
Erkoreka se pronunció de esta manera al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco sobre el Pleno que este martes celebra el Supremo para decidir si, como reclama una directiva marco europea de 2008, se ha de contabilizar el tiempo pasado en prisión por reclusos españoles en otros países para el cumplimiento de su pena.Dos salas del Supremo emitieron sentencias contradictorias entre sí tras dos recursos de defensas de presos de ETA.
En este sentido, el portavoz dijo, por un lado, que "llama la atención la actitud resistente con la que el Gobierno central se ha presentado frente a iniciativas que pretenden impulsar desde Europa una actitud más avanzada y progresista en la política penitenciaria para facilitar la reinserción de presos".
Una actitud que luego calificó de "resistencia activa", recordando que esta directiva marco de 2008 tenía que haberse traspuesto ya al Derecho interno español, y lamentando que el Gobierno, a su juicio, quiera implantar ahora "en términos que claramente pretenden neutralizar en algunos puntos los efectos de las decisiones marco europeas". Se pertende facilitar reinsrecion personas privada libertad.
Ante estas "interferencias políticas", Erkoreka dijo que espera que el Supremo "actúe sin ceder" a ellas, en sintonía con la resolución de marzo pasado en la que adoptó la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contra la 'doctrina Parot' y que actúe también "con arreglo a la ley", porque "el Derecho interno no puede contradecir abiertamente" las directivas marco de la UE.
Erkoreka concluyó su respuesta subrayando con sarcasmo que en ella no había expresado "ninguna amenaza" y "ninguna advertencia" al Alto Tribunal. "Nada que ver con lo que han hecho otros responsables políticos", puntualizó en relación a las críticas vertidas en España contra la reducción de penas a etarras por el tiempo que han pasado en prisión en otros países de la UE.