Eta. El juez ruz deja bajo secreto parte del informe de francia sobre el “caso faisán”

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido imponer el secreto de sumario sobre una parte del informe realizado por las autoridades judiciales francesas sobre el supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo en el bar "Faisán", de Irún (Guipúzcoa), contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.
El magistrado, tras recibir la traducción al español del informe realizado por la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert, ha ordenado su incorporación a la causa y ha decretado el secreto de sumario sobre nueve folios del mismo.
Esta medida significa que sólo la Fiscalía, en concreto el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, podrá acceder a la integridad del informe. El Ministerio Público tiene la posibilidad de pedir la práctica de nuevas diligencias de investigación a la luz del contenido del informe realizado por Francia.
Las demás partes personadas en el proceso –PP, Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia la Unión de Oficiales de la Guardia Civil- podrán acceder al informe pero sin conocer el contenido de los nueve folios sobre los que pesa el secreto de sumario. Ruz ha decretado esta medida por un periodo de un mes, un plazo que puede ser prorrogado posteriormente.
El magistrado ha impuesto el secreto parcial sobre el informe debido a “la naturaleza de los delitos objeto de investigación (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista) y el propio contenido”, según consta en el auto dictado hoy.
SEGUIMIENTOS TELEFÓNICOS
El informe detalla los datos del seguimiento telefónico realizado sobre el etarra José Antonio Cau Aldanur, presunto enlace del aparato de extorsión, y es fundamental para determinar si hubo algún cruce de llamadas entre el terrorista y el dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua, supuesto cabecilla de la red de extorsión y que fue alertado de la operación antiterrorista.
RETRASO EN LA RESPUESTA
Las autoridades judiciales francesas tardaron más de diez meses en dar respuesta a los requerimientos de la Audiencia Nacional. El juez Baltasar Garzón, que se encargaba de la investigación antes de ser suspendido cautelarmente, hizo la primera solicitud a través de una comisión rogatoria cursada a las autoridades francesas el pasado 17 de febrero, una petición que fue reiterada por Ruz en el mes de julio y en el mes de octubre.
A través de la citada comisión rogatoria, la Audiencia Nacional también preguntó a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA en territorio galo.
PUNTO MUERTO
La reactivación de la comisión rogatoria a Francia se produjo después de que el pasado mes de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenase al juez Garzón que siguiese investigando hasta el final el supuesto chivatazo del bar "Faisán" y que practicase varias de las diligencias solicitadas por las partes.
Entre otras diligencias, la Sala de lo Penal ordenó a Garzón que tomase declaración a Carlos G., el mando de la Policía Nacional que fue el máximo responsable del operativo contra el bar "Faisán" y que también fue el autor del informe policial sobre el chivatazo. La Sala también ordenó a Garzón que interrogase a dos funcionarios policiales, de nombres Unai y Sugoi, que formaban parte del equipo de Carlos G.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado en octubre de 2009 al juez Garzón el archivo de la investigación al entender que en tres años de instrucción no se ha podido demostrar quiénes fueron los autores del presunto chivatazo.
El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza sostenía que tampoco se había podido demostrar la tesis que asegura que fue un inspector de la Brigada de Información la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar " Faisán ".
Esta hipótesis afirma que a través de este teléfono móvil, el propio jefe superior de Policía del País Vasco, actuando por orden del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, alertó a Elosua de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.