Eta. Francia contesta a la audiencia nacional con un informe de 645 folios sobre el “caso faisán”

Las autoridades judiciales francesas han remitido a la Audiencia Nacional un informe de 645 folios que contiene los datos que posee en torno al supuesto chivatazo policial que alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo en el bar "Faisán", de Irún (Guipúzcoa), contra el aparato de extorsión de la banda terrorista.
La jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert ha contestado así, con un informe de 645 folios en diez carpetas, a los requerimientos que le hicieron el magistrado Baltasar Garzón y, posteriormente, su sustituto, el juez Pablo Ruz.
Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que el informe de Le Vert ha llegado este martes al juzgado de Ruz. El magistrado ha ordenado ya al servicio de intérpretes adscrito a la Audiencia Nacional que “a la mayor brevedad” traduzcan del francés al español el contenido del informe.
Ruz, al igual que hizo Garzón en su día, solicitó al Tribunal de Gran Instancia de París los datos del seguimiento telefónico realizado sobre el etarra José Antonio Cau Aldanur, presunto enlace del aparato de extorsión, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.
Con esta solicitud, el magistrado quiere conocer si hubo algún cruce de llamadas entre el etarra Cau Aldanur y al dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua, supuesto cabecilla de la red de extorsión y que fue alertado de la operación antiterrorista.
RETRASO EN LA RESPUESTA
Las autoridades judiciales francesas han tardado más de diez meses en dar respuesta a los requerimientos de la Audiencia Nacional. El juez Garzón hizo la primera solicitud a través de una comisión rogatoria cursada a las autoridades francesas el pasado 17 de febrero, una petición que fue reiterada por Ruz en el mes de julio y en el mes de octubre.
A través de la citada comisión rogatoria, la Audiencia Nacional también preguntó a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA en territorio galo.
PUNTO MUERTO
La reactivación de la comisión rogatoria a Francia se produjo después de que el pasado mes de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenase al juez Garzón que siguiese investigando hasta el final el supuesto chivatazo del bar "Faisán” y que practicase varias de las diligencias solicitadas por las partes.
Entre otras diligencias, la Sala de lo Penal ordenó a Garzón que tomase declaración a Carlos G., el mando de la Policía Nacional que fue el máximo responsable del operativo contra el bar "Faisán" y que también fue el autor del informe policial sobre el chivatazo. La Sala también ordenó a Garzón que interrogase a dos funcionarios policiales, de nombres Unai y Sugoi, que formaban parte del equipo de Carlos G.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado en octubre de 2009 al juez Garzón el archivo de la investigación al entender que en tres años de instrucción no se ha podido demostrar quiénes fueron los autores del presunto chivatazo.
El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza sostenía que tampoco se había podido demostrar la tesis que asegura que fue un inspector de la Brigada de Información la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar "Faisán".
Esta hipótesis afirma que a través de este teléfono móvil, el propio jefe superior de Policía del País Vasco, actuando por orden del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, alertó a Elosua de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.