Europa recomienda a españa que facilite abogados a los detenidos desde el principio

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes (CPT) del Consejo de Europa recomienda a España que ponga en marcha medidas para que las personas detenidas tengan acceso efectivo a un abogado desde el principio de la detención preventiva.
Ésta es una de las conclusiones del CPT después de que miembros de este organismo visitaran España entre septiembre y octubre de 2007.
El informe de esta quinta visita ordinaria a España y la respuesta del Gobierno español fueron hechos públicos este viernes a petición de las autoridades españolas.
En su respuesta, el Ejecutivo español explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el abogado designado para el detenido debe acudir al centro de detención en un plazo máximo de ocho horas, y muestra su compromiso a reformar esta norma para reducir el plazo máximo de ocho horas.
Por otro lado, el informe del CPT aborda las condiciones de detención en varias prisiones del País Vasco, Cataluña y el área de Madrid, con particular atención a los presos en régimen de aislamiento disciplinario y en áreas especiales, y es especialmente crítico con el recurso al uso de mecanismos de inmovilización en las prisiones, en particular en Cataluña.
Además, incluye una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de detención en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) de aquellas personas no admitidas en territorio español y aborda el trato a menores extranjeros no acompañados en un centro de Canarias.
Por su parte, el Gobierno enumera una serie de medidas para mejorar las garantías relativas a la detención en régimen de incomunicación: prohibir su aplicación a menores de edad, grabar en vídeo el periodo completo de detención, mejorar la calidad de la supervisión médica y asegurar que los registros de detención sean más exhaustivos.
Estas medidas aparecen recogidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2008 y cuya vigencia vencerá cuando se acabe la actual legislatura.