Vitoria, 29 abr.- El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la interposición de un requerimiento al Ejecutivo central para que derogue parte del reglamento de la Lomce en el plazo de un mes y en caso contrario presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) "por vulneración de competencias".
La decisión de interponer un conflicto positivo de competencias, que ya fue adelantada ayer por el Ejecutivo vasco, se ha formalizado hoy en el Consejo de Gobierno.
El Gobierno Vasco ya aprobó el pasado 25 de febrero la interposición de un recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitución pero antes de que éste sea efectivo se ha abierto una negociación en el marco de la comisión bilateral Estado-País Vasco para intentar alcanzar un acuerdo en el plazo de seis meses (desde febrero).
Si se consiguieran acuerdos satisfactorios se retiraría el recurso ante el Constitucional, que ya ha admitido a trámite seis recursos contra la conocida como ley Wert interpuestos por el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento catalán, así como por los ejecutivos de Andalucía, Asturias y Canarias.
Ahora, el Gobierno Vasco hace este requerimiento para la derogación de varios de los artículos del reglamento de la Lomce que regulan el currículo básico de la Educación Primaria, ya que a su juicio "no respetan las competencias vascas para intervenir en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de todas las asignaturas".
Se trata de un procedimiento diferente. Al ser un reglamento lo que se impugna, la fórmula es la del conflicto positivo de competencias en lugar del recurso de inconstitucionalidad que habría correspondido a una ley o un decreto ley.
El Gobierno Vasco entiende en la presentación de este requerimiento que el Ejecutivo español se ha "extralimitado" al hacer una regulación "pormenorizada" del currículo básico de la Educación Primaria ya que, "en la práctica, impide a la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollar una política educativa propia".
En opinión del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, el Gobierno español ha regulado con "tal grado de detalle el contenido, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de las materias troncales que, de facto, anula" las capacidades del País Vasco para participar en la configuración de sus contenidos.
Además ha advertido de que salvo en las asignaturas de lengua y literatura propias, la capacidad de la administración educativa queda relegada a una posición "irrelevante".
También ha denunciado la concepción "monopolista" del Gobierno español, que "se arroga la competencia de establecer cómo deben ser las pruebas y los criterios de evaluación del alumnado al final de la etapa de Educación Primaria".
El Gobierno Vasco ha explicado también que la obligación de prestar el mismo tratamiento a la lengua y literatura castellanas que al euskera es otra "extralimitación inaceptable" porque la regulación de la materia euskera corresponde "en exclusiva a Euskadi".
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico recurrirá por segundo año consecutivo ante la vía contencioso-administrativa la resolución de la Secretaría de Estado de Educación que excluye a los centros de FP de las ayudas para ofertar a sus alumnos las becas "Erasmus".
El argumento del Gobierno español de que son razones de recorte presupuestario no sirve al Ejecutivo vasco, que ve una discriminación de estos centros con respecto a los demás.
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