¿Examen final para el Estatut?

Madrid.- Más de tres años y medio después de que el PP recurriera el Estatuto de Cataluña, y de que también lo hicieran el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional parece por fin preparado para someter el texto a su examen final, pero sin ninguna garantía sobre el resultado.

Aunque desde el tribunal se insiste en el mensaje de que el pleno convocado por la presidenta María Emilia Casas para los próximos miércoles y jueves entra dentro de la normalidad de una "semana jurisdiccional", lo cierto es que será la primera vez este año que la cuestión del Estatut figurará en el orden del día.

Así, sobre la mesa estará el quinto borrador de sentencia elaborado por la magistrada designada ponente de la resolución, la progresista Elisa Pérez Vera, que en principio cuenta con el respaldo expreso de otros tres miembros del pleno adscritos a su mismo sector: la propia Casas, Pascual Sala y Eugenio Gay.

Más incierto y "precario" es el respaldo de Manuel Aragón, encuadrado asimismo en el bando progresista -fue elegido a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, pero que a menudo se ha desmarcado de la postura de sus compañeros, y con cuyo apoyo sería posible sacar adelante la sentencia.

Ello obligaría a Casas, sin embargo, a hacer uso del voto de calidad, privilegio que siempre ha sido reacia a utilizar pero que, a estas alturas, ya nadie descarta.

En estas circunstancias, la presidenta se ha decidido a convocar el pleno para que cada uno de los diez miembros del mismo exponga abiertamente su postura y valora la oportunidad de celebrar una votación -sería la primera formal desde las "prospectivas" que tuvieron lugar en noviembre pasado- que permita anunciar por fin que el Constitucional está en condiciones de notificar la sentencia.

El objetivo nada oculto de los progresistas es conseguir al menos un apoyo entre los conservadores que evite que Casas tenga que recurrir al voto de calidad, un apoyo que podría venir del vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez.

Éste, a pesar de su adscripción conservadora, se ha alineado en ocasiones con los progresistas, que ven todavía posible sumarle al consenso y que intentarán hasta el último momento obtener asimismo el mucho más improbable respaldo del también conservador Ramón Rodríguez Arribas.

El voto favorable de este último haría que la sentencia fuera aprobada por una mayoría de 7 a 3, pero los progresistas se darían más que satisfechos con el 6 a 4 -si finalmente cuentan con Jiménez- y están incluso resignados a que el resultado final sea un empate resuelto por el voto de calidad de la presidenta.

En el otro sector, el de los conservadores, se da por seguro que Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata se mantendrán inamovibles en el "no" al proyecto de sentencia.

Aunque todos en el tribunal niegan sentirse presionados, lo cierto es que la cercanía de las elecciones catalanas aconseja cerrar ya los debates, máxime cuando después de tres años y medio está claro cuales son las posturas de cada uno y dónde está el "mínimo común denominador" en torno al que articular la sentencia.

Ésta, según la ponencia que se verá el miércoles, aplica la "reiterada y abundante" jurisprudencia constitucional para salvar el preámbulo del Estatuto -que recoge la definición de Cataluña como nación hecha por el Parlamento autonómico-, al estimar que no tiene valor jurídico, pero no extiende automáticamente ese aval al articulado referido a los símbolos nacionales.

Además, el texto declara nulos una quincena de preceptos de los más de cien impugnados por el PP -entre ellos varios de los que tratan del Poder Judicial en Cataluña y alguno referido a las competencias del Síndic de Greuges, recurridas por el Defensor del Pueblo- y condiciona la validación de otros a su interpretación.