Excluido embajador boliviano en ONU de indagación sobre represión a indígenas

  • Una comisión de fiscales bolivianos excluyó de forma definitiva al embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti, de la investigación sobre la brutal represión policial sufrida en 2011 por indígenas opuestos a un proyecto vial en la reserva natural Tipnis, informaron hoy fuentes judiciales.

La Paz, 12 feb.- Una comisión de fiscales bolivianos excluyó de forma definitiva al embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti, de la investigación sobre la brutal represión policial sufrida en 2011 por indígenas opuestos a un proyecto vial en la reserva natural Tipnis, informaron hoy fuentes judiciales.

El fiscal departamental de La Paz, José Ponce, explicó que su despacho ratificó una resolución de 2012 en la que ya se excluyó al embajador, que era ministro de Gobierno cuando ocurrió la represión.

"No hay mayores elementos y es excluido el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti", dijo Ponce, según la agencia estatal ABI.

Esta decisión será comunicada tanto a Llorenti como a los nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) pero no significa el cierre del proceso, aclaró el fiscal.

El Tipnis es un área de 1,2 millones de hectáreas con forma de triángulo invertido, situado entre las regiones de Cochabamba y Beni, que el Gobierno de Evo Morales pretendía integrar con la construcción de una carretera a través de la reserva.

Los indígenas opuestos al proyecto marcharon en 2011 desde la Amazonía a La Paz en rechazo a la obra, pero su marcha fue intervenida el 25 de septiembre de ese año, cuando los nativos descansaban pacíficamente a 300 kilómetros de La Paz.

Medio millar de agentes cargaron con gases y porras, amordazaron a los dirigentes y a mujeres con cinta adhesiva y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en vehículos a pueblos vecinos.

El presidente Morales calificó entonces de "imperdonable" la acción policial, que causó una crisis en su Gobierno con la renuncia de dos ministros y otras autoridades, pero hasta ahora ningún funcionario de alto rango ha asumido responsabilidad por lo ocurrido.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió en septiembre pasado, al cumplirse dos años del incidente, la suspensión de Llorenti como embajador para que responda a la acusación por su supuesta responsabilidad en la represión.

Morales replicó a esta petición llamando "instrumento de la derecha" al Defensor del Pueblo.

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