Madrid, 23 abr.- Los expertos que han comparecido hoy en el Congreso para proponer medidas contra la corrupción y opinar sobre las que ha planteado el Gobierno han recomendando a los representantes políticos un gran pacto de Estado y reformas que permitan agilizar la instrucción judicial de estos casos.
El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, ha considerado que es "más importante una respuesta procesal ágil que el endurecimiento de las penas", ya que en su opinión lo que irrita a los ciudadanos es que los procesos contra los corruptos "se eternicen".
En la misma línea, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha propuesto revisar el actual modelo de instrucción de los casos de corrupción para hacerla "más sencilla, ágil y rápida" y ha explicado su idea de crear en los próximos meses secciones de investigación en algunas fiscalías.
Tras reivindicar el modelo portugués que atribuye labores de investigación al fiscal, Torres-Dulce ha considerado "imprescindible un fiscal verdaderamente impulsor de la instrucción, sobre todo para las causas complejas con más trascendencia", a fin de evitar que los procesos "se perpetúen en el tiempo con la consiguiente desmoralización de la sociedad".
Además, ha defendido la necesidad de un modelo de instrucción en el que la policía y la Agencia Tributaria "dependan, no del control, sino de la dirección del Ministerio Fiscal", ya que -ha dicho- en España las "causas más complejas no las instruye el juez ni el fiscal, sino que vienen precocinadas" por ellos.
Su propuesta ha sido acogida con escepticismo por los diputados de IU y Amaiur, Ricardo Sixto y Rafael Larreina, que han coincidido en que para que fuera interesante el Ministerio Fiscal tendría que ser "independiente", mientras que el socialista Enrique Serrano y el 'popular' José Miguel Castillo han defendido la independencia del fiscal general.
Además, Torres-Dulce ha opinado que un político imputado debería abandonar su cargo en el momento en que se abra la vista general, aunque ha apuntado que "algunos hechos delictivos son tan especiales que en algunos casos es conveniente alguna medida cautelar".
Por su parte, el director del CEPC y catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Benigno Pendás, ha abogado por "reflexionar en voz alta y sin tabúes, sin prejuicios ni posturas fáciles, sobre las retribuciones de los políticos" y sobre la necesidad, a su juicio, de abrirles un vía para incorporarse al sector privado al salir de la política.
Pendás, cuya propuesta sólo ha sido aplaudida por el representante de CiU Jordi Xuclá, ha argumentado que sólo así se podrá producir la demandada renovación de la clase política.
Este experto también ha considerado "imprescindible" en el momento actual un pacto de Estado contra la corrupción, para lo cual socialistas y populares se han mostrado especialmente dispuestos.
A este respecto, el socialista Ramón Jaúregui ha manifestado su deseo de que al final del proceso abierto hoy el conjunto de fuerzas políticas "se presenten ante el país ofreciendo la autocrítica necesaria y una respuesta común, unitaria y acordada de reformas, rectificaciones y soluciones a un problema que no podemos permitir que se expanda".
Torres-Dulce, Pendás y el presidente del Tribunal de Cuentas, Fernando Álvarez de Miranda, han abierto hoy una amplia serie de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional del Congreso para dar su opinión sobre los dos proyectos de ley que forman parte del plan de regeneración democrática que el Gobierno aspira a consensuar con la oposición: el de regulación de los altos cargos y el de control económico y financiero de los partidos políticos.
Aunque los tres han emitido una opinión positiva, Álvarez de Miranda se ha mostrado particularmente entusiasta con la "novedad transformadora" que supondrá, si se aprueba, que cualquier proveedor o contratista relacionado con la actividad que el Tribunal de Cuentas esté fiscalizando esté obligado a presentar la información que le solicite el tribunal.
Tras recordar que el Tribunal de Cuentas lleva 20 años reclamando eso, ha asegurado que la medida tendrá "efectos a largo plazo muy importantes".
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