Expresidente de Poder Judicial será investigado por supuesta injerencia

Lima, 5 ago.- El expresidente del Poder Judicial peruano César San Martín será investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre la supuesta injerencia en el juicio por la presunta ejecución extrajudicial de tres terroristas en 1997, anunció hoy el titular de ese órgano de control, Máximo Herrera.

Una comisión disciplinaria del CNM investigará la participación de San Martín en una reunión realizada el año pasado con el entonces ministro de Justicia y hoy jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez, y el exagente del Estado ante la Corte Internacional de Justicia de San José y actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

En la cita, también participó la jueza de la sala peruana que veía el caso, Carmen Rojjasi, quien en la reunión recibe instrucciones de Jiménez y San Martín, según los audios del encuentro difundidos por la prensa local.

La comisión del CNM estudiará el caso y entregará su informe el próximo jueves con sus recomendaciones, "que pueden ser desde una sanción hasta la apertura de una investigación preliminar", declaró Herrera a Radio Programas del Perú (RPP).

La operación militar Chavín de Huántar permitió en 1997 rescatar con vida a 71 de los 72 rehenes que permanecían secuestrados en la residencia del embajador de Japón por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La Corte Suprema ratificó a finales de julio pasado la sentencia de octubre de 2012 en la que se absolvió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y a dos exmilitares de la acusación de supuestamente haber ordenado la ejecución extrajudicial de tres de los 14 miembros del MRTA que participaron en el secuestro.

El caso de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales también ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La abogada que representó a las familias de las víctimas en ese juicio, Gloria Cano, había anunciado hoy que presentaría un recurso ante el CNM contra San Martín al advertir una injerencia en el proceso desde el Poder Ejecutivo.

"San Martín ha violentado la garantía de la imparcialidad en el proceso. Siendo el superior le señala los pasos de cómo tiene que resolver la sentencia a la doctora Rojassi, quien acepta la intromisión del Ejecutivo", afirmó la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

"Nosotros sostenemos que hubo tres ejecuciones extrajudiciales y que hubo una mala investigación producto del afán de ocultar las pruebas", añadió Cano.

Jiménez, Cateriano, y el ministro de Justicia, Daniel Figallo, dieron hoy una rueda de prensa en la que negaron la presunta injerencia tras la difusión este fin de semana en medios locales de los supuestos audios de un encuentro entre miembros del Ejecutivo y del Poder Judicial en 2012.

"Nosotros no hemos inducido, ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Huántar (residencia del embajador de Japón) por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema. Esa es una decisión absolutamente independiente", sostuvo Jiménez.

"(El objetivo) era justamente recibir información y que nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa que estaba sucediendo en la jurisdicción internacional, cuáles eran nuestras preocupaciones respecto al caso para evitar una responsabilidad internacional de Perú", dijo el presidente del Consejo de Ministros.

"Eso no es interferencia. Eso es una coordinación del más alto nivel de un caso atípico", resaltó Jiménez.

El jefe del gabinete ministerial indicó que la intención de la reunión era defender el "supremo interés de la nación" y que el encuentro no tuvo carácter clandestino.

"Yo creo que esto se trata de una maniobra para vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente, cuando es de dominio publico que este gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales", manifestó Cateriano.

La bancada opositora Concertación Parlamentaria anunció, por su parte, que presentará una moción de interpelación en contra de Jiménez y Cateriano, así como una acusación constitucional por supuestamente ejercer presión contra el Poder Judicial.