Magdalena Flores
San Salvador, 17 ago.- El conflicto entre los poderes Legislativo y Judicial de El Salvador entró en una etapa de mayor complejidad después de que la Corte Centroamericana de Justicia fallara a favor del Parlamento, y la salida a la crisis depende ahora, más que antes, de un acuerdo político interno.
En ello coincidieron hoy analistas locales consultados por Efe, así como también el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, mientras que los líderes políticos del país expresaron su voluntad de mantener el diálogo para solucionar crisis que ya se extiende por más de dos meses.
El analista político Roberto Cañas opinó que la resolución de la Corte regional ha venido a profundizar más el conflicto, aunque expresó que espera que la solución se alcance en Casa Presidencial, donde desde el pasado 24 de julio se llevan adelante unas negociaciones con todos los partidos con la mediación de Funes.
"Toda solución nacional es mejor que la supranacional", afirmó Cañas, quien consideró "inconstitucional" el falló emitido el jueves por la Corte Centroamericana, con el que declaró "inaplicables" las resoluciones de la Sala de lo Constitucional del Supremo salvadoreño que anularon las elecciones de una veintena de magistrados.
La Sala emitió esos fallos el pasado 5 de junio con el argumento de que una misma legislatura no puede elegir dos veces esos cargos, y rechazó por "inconstitucionales" unas cautelares dictadas por la Corte regional el 22 de junio, cuando aceptó un recurso de conflicto entre poderes del Estado presentado por el Parlamento.
Cañas aseguró a Efe que todo el conflicto se pudo haber evitado si la Asamblea Legislativa hubiera buscado una solución interna o hubiera acatado el fallo de la Sala de lo Constitucional.
Por su parte, Funes reconoció que El Salvador vive "una situación compleja", y dejó en manos de la "voluntad de los partidos políticos" la posibilidad de resolver el conflicto "en las próximas horas".
El gobernante se comprometió a crear "un clima de mayor certeza jurídica" en el país, donde existen dos cortes supremas: una conformada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas y la otro por la Sala de lo Constitucional ampliadas con suplentes.
La sentencia de la Corte Centroamericana ha generado posiciones encontradas en el país.
El Supremo salvadoreño y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) afirman que es inaplicable e "inconstitucional", mientras que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha pedido a los diferentes órganos del país acatarla.
Mediante una resolución emitida este viernes "la Sala de lo Constitucional reiteró la inaplicabilidad de todas las actuaciones de la CCJ en relación con los procesos en los que se declaró la inconstitucionalidad del nombramiento de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia electos en los años 2006 y 2012", detalló en un comunicado el organismo salvadoreño.
Al tiempo que ordenó de nuevo al Parlamento cumplir con las sentencias del 5 de junio y elegir a los magistrados.
"La resolución como la que ha sido emitida (el jueves a favor del Parlamento) en Managua", donde tiene su sede el tribunal regional, "no puede producir efectos jurídicos en El Salvador" porque es "inconstitucional", dijo uno de los presidentes del Supremo, Florentín Meléndez.
Pese a sus posiciones encontradas respecto al fallo de la Corte regional, tanto el FMLN como el ARENA han dicho, por separado, que están dispuestos a seguir en la mesa de negociación para buscar una solución a la crisis institucional.
"La democracia en este país la vamos a defender hasta las últimas consecuencias, nosotros no vamos a abandonar ese diálogo que se ha estado implantando, porque creemos y estamos convencidos que El Salvador se merece instituciones responsables, apolíticas", dijo el jefe de facción parlamentaria de ARENA, Donato Vaquerano.
El coordinador general del FMLN, Medardo González, señaló que su partido va a acudir "este día a la convocatoria del presidente de la República" para continuar el diálogo, porque siguen "con ánimos de encontrar soluciones".
En la mesa de diálogo solo se han alcanzado dos acuerdos parciales: ratificar a los magistrados de 2006 y escoger de un listado de 11 personas a los de 2012.
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