Fedea pide al Gobierno legislar la reforma porque caería la prima de riesgo

Madrid, 12 ene.- La Federación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha pedido hoy al Gobierno que legisle ya en materia de reforma laboral porque así mejoraría su credibilidad ante los mercados internacionales y caería la prima de riesgo.

Durante la presentación de un documento con sus diez propuestas para reformar el mercado laboral, uno de los firmantes, Juan José Dolado, de la Universidad Carlos III, ha dicho hoy que patronal y sindicatos llevan negociando años y no han adelantado nada en esta materia.

Para Fedea, en la medida en que las grandes empresas y los trabajadores más "protegidos" del sistema gozan de mayor reconocimiento institucional a través de sindicatos y patronal, "no cabe esperar que cedan en sus actuales privilegios para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad".

Dolado ha afirmado que "existe la mentalidad" de que cambios en la legislación laboral suponen en general desprotección para el trabajador cuando lo que se persigue es "redistribuir la carga" entre los trabajadores, ya que hay unos 9 millones de asalariados que sufren la precariedad laboral y el paro de forma "desproporcionada".

Otro de los firmantes y representante del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Samuel Bentolilla, ve un "peligro" y ha calificado de "error" que el Gobierno decida legislar sólo en los puntos donde los agentes sociales no han alcanzado el acuerdo.

A su juicio, el documento que presentaron patronal y sindicatos contiene los elementos de una ley como si ellos fueran "el bolígrafo del BOE", cuando considera que no son ellos los que deben legislar, sino el Parlamento.

Acusa a la CEOE, CCOO y UGT de dejar en papel mojado cuestiones sobre la formación profesional, donde opina que el dinero está mal gestionado, o que defiendan las prejubilaciones cuando suponen una carga "muy grande" para la Seguridad Social.

Las propuestas presentadas hoy no difieren mucho de las que divulgó Fedea hace dos años.

Entre ellas, pide que la protección al desempleo se ligue a la búsqueda efectiva de trabajo, y que se cambien las políticas activas de empleo, con mayor coordinación entre los servicios públicos estatal y autonómicos.

También que haya evaluaciones de resultados y "consecuencias financieras vinculantes" para los agentes sociales y otras entidades que reciban fondos públicos.

Asimismo, demanda que se supriman las subvenciones a la contratación indefinida, que se use el FOGASA para "subvencionar" despidos y que las empresas con rotación excesiva de trabajadores coticen más por desempleo.

Respecto a la negociación colectiva, piden que ningún convenio colectivo de ámbito superior pueda vetar "el descuelgue" (no cumplir lo pactado en convenio) para cualquier empresa; o ampliar las materias que puede fijar libremente el empresario con control judicial posterior.

También pide un contrato único indefinido para las nuevas contrataciones, con indemnizaciones por despido en función de la antigüedad, que crezcan gradualmente desde los 8 o 10 días de indemnización hasta un máximo de 33.

En los despidos colectivos consideran que debe suprimirse la autorización administrativas.

Respecto a la representatividad sindical, Bentolilla ha criticado que los sindicatos por el mero hecho de obtener el 10 % de los votos en las elecciones de una empresa tengan capacidad negociadora.

Por ello, ha propuesto que el umbral de representación sea el doble o incluso el 60 % porque así se beneficiará a todos los trabajadores.