Buenos Aires.- Aunque no ha anunciado públicamente aún si se presentará a la reelección, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha comenzado a marcar distancias con los sectores más duros del peronismo y parece dispuesta a buscar el voto de la clase media.
Desde la muerte de su esposo y antecesor en el cargo, el expresidente Néstor Kirchner, en octubre pasado, Fernández ha moderado la agresividad de su discurso y progresivamente ha ido abandonando las denuncias sobre supuestas conspiraciones contra su Gobierno.
Fernández, favorita indiscutible en las encuestas hasta ahora -algunas incluso le dan el triunfo en primera vuelta para los comicios presidenciales de octubre-, ha sorprendido a la dividida oposición argentina frenando algunas maniobras "ultrakirchneristas" o del peronismo más tradicional.
Los últimos días ha detenido la polémica abierta por un grupo de intelectuales pro gubernamentales en protesta por la presencia del Nobel Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro de Buenos Aires, y ha lanzado un mensaje claro a los sindicatos para rebajar la crispación social.
Además, ha tumbado el "globo sonda" difundido desde un sector "ultrakichnerista" sobre la existencia de un supuesto plan para reformar la Constitución y facilitar un tercer mandato.
"Si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los presidentes argentinos (la ley de presupuesto), a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional", se preguntó el pasado 1 de marzo en el discurso de apertura del curso parlamentario.
En la misma sesión, insistió en un mensaje que ya había lanzado y que supone una crítica velada a los sindicatos, especialmente a la poderosa Central General de Trabajadores (CGT), que dirige Hugo Moyano, también presidente del Partido Justicialista (PJ, peronista) de Buenos Aires.
La presidenta afirmó que pretende ser "compañera" pero "no cómplice" de las protestas callejeras, y apeló a la "inteligencia" de las organizaciones sindicales para acordar subidas salariales razonables.
Consciente de su poder -especialmente en un año electoral- y acostumbrado a ocupar la calle para conseguir sus objetivos, Moyano ha acusado el cambio de rumbo del Gobierno y aguarda cauteloso.
Para demostrar que la nueva estrategia del Gobierno es efectiva, la policía desalojó el miércoles una protesta sindical que bloqueó durante horas una de las líneas de ferrocarril del cinturón de Buenos Aires y detuvo a 14 personas.
El propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó hoy que esta decisión "es una muestra clara" del adelanto de la presidenta ante el Parlamento.
"Hay que ser muy puntillosos y 'criteriosos' (sic) para recomponer la autoridad y esto no significa lastimar ni pegarle a nadie, sino buscar entre todos la garantía de que el resto de la sociedad tiene el derecho a seguir sus funciones diarias con normalidad", agregó Fernández.
Mientras el Gobierno parece decidido a abrir las calles a los ciudadanos, el sindicato más poderoso de Argentina juega su propia baza con las reclamaciones salariales.
Lejos de reconocer la cifra oficial de inflación, un 10,9 por ciento en 2010, el sindicato pidió hoy una subida media del 28 por ciento -cifra próxima a las estimaciones de consultoras privadas- para las negociaciones de los convenios de 2011.
Precisamente la inflación es el talón de aquiles del Gobierno de Fernández y uno de los motivos de mayor preocupación de los argentinos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios