Fiscal avala la suspensión de acuerdo de Cabrils que cede padrón por consulta

Barcelona, 7 abr.- El fiscal ha pedido hoy que se mantenga la suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) que prevé ceder los datos del padrón si se lo pide la Generalitat para celebrar la consulta soberanista, en el marco de un acuerdo legal, al entender que vulnera la intimidad de un vecino.

En el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Barcelona se ha celebrado hoy una vista para que las partes expusieran ante la juez sus argumentos para mantener o revocar su decisión del pasado jueves 3 de abril de suspender de forma cautelar, a instancias de un vecino, el acuerdo del consistorio de Cabrils de 27 de marzo pasado, que prevé ceder los datos del padrón y los instrumentos legales para celebrar la consulta en un marco legal si se lo pide la Generalitat.

El abogado del Ayuntamiento, Jordi Salbanyà, y el de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPC), Santiago Farré, han pedido que se revoque esta medida cautelar porque no ven ningún argumento que la justifique, y han advertido que, de mantenerse, podría acabar impidiendo votar en una consulta legal a los demás 7.500 vecinos del municipio.

Por contra, el fiscal ha pedido que se mantenga la suspensión cautelar del acuerdo municipal porque, al igual que el vecino demandante, entiende que en este caso está en juego el "honor de un ciudadano, que tiene derecho a su intimidad".

El fiscal ha advertido que este procedimiento tiene un "trasfondo político", como lo demuestra a su juicio que haya comparecido en la vista un abogado de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD), que se ha alineado con el consistorio de Cabrils, pese a que el ministerio público considera que no tenía "legitimidad" para comparecer.

De hecho, la ACPD se ha personado en la vista porque la propia juez la emplazó a comparecer como codemandada, ya que este organismo de la Generalitat elaboró un dictamen en el que avalaba legalidad de la pretensión del consistorio, ratificada en el pleno del pasado 27 de marzo, de ofrecer los datos del padrón municipal si se lo pedía la Generalitat para la celebración de una consulta legal sobre el futuro político de Cataluña.

El fiscal ha recordado que el demandante, el vecino Alejandro Rusiñol, no quiere ceder sus datos para una consulta en la que no está de acuerdo, por lo que entiende que se afecta su derecho a la intimidad y al honor con la resolución municipal, ya que la cesión del padrón para fines distintos por los que han sido recabados debe estar autorizada por la ley.

Por contra, el abogado del Ayuntamiento de Cabrils ha acusado a Rusiñol de buscar "notoriedad política" y ha pedido que se retire la suspensión cautelar del acuerdo porque no va contra ningún derecho fundamental y además se podría dar la situación de que se convocara la consulta legal y no pudieran votar los 7.500 vecinos de la localidad.

El abogado del consistorio ha propuesto como posible solución que se revoque la suspensión cautelar del acuerdo municipal pero que se prohíba ceder los datos de este vecino en concreto.

En la misma línea, el representante de la ACPD ha salido en defensa del acuerdo municipal de Cabrils y ha recordado que su suspensión cautelar perjudica a los vecinos que sí quieren participar en la consulta.

Además, ha apuntado que los ayuntamientos están obligados a ceder los datos del padrón a otras administraciones para fines concretos, como los establecidos en la Ley de Estadística o la Ley de Bases del Régimen Local, por lo que cree que esta suspensión cautelar puede crear "inseguridad jurídica".

En declaraciones a los periodistas una vez celebrada la vista, Alejandro Rusiñol, que es presidente de la formación política Alianza Central Democrática -sin representación en el consistorio-, ha negado que busque notoriedad política con su pleito y ha explicado que la moción vulnera sus derechos fundamentales, por lo que ha presentado la demanda por un atentado contra su intimidad, contra su honor, contra la propia imagen y contra la dignidad humana.

Rusiñol ha denunciado además que, tras divulgarse su imagen en algunos medios, ha recibido amenazas a través de las redes sociales, si bien por ahora no ha formalizado ninguna denuncia al respecto.

Por su parte, la alcaldesa de Cabrils, Avelina Morales (CiU), ha lamentado que la fiscalía esté "politizada", ha asegurado que hoy volvería a aprobar una resolución idéntica -fue apoyada por CiU, ERC, ICV y un no edil adscrito y provocó la ruptura con sus entonces socios de gobierno del PP-, y ha lamentado que en este caso se quiera poner "la venda antes que la herida".

Tras la celebración de la vista, la juez deberá acordar una resolución en los próximos días. EFE.