Madrid, 22 may.- Uno de los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Fabricio Guariglia, dijo hoy que si España no extradita a los dos supuestos torturadores franquistas a su país ni abre una investigación judicial estará incumpliendo con los tratados internacionales firmados.
Guariglia hizo esas declaración durante una conferencia en Madrid en el I Congreso "Jurisdicción Universal en el Siglo XXI", organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
"Si España no juzga ni entrega, y si esto sucede en crímenes que son competencia de la CPI (lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra), sería visto como una afectación a sus deberes" adquiridos al ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, explicó.
Guariglia se refirió así al rechazo de la Audiencia Nacional española a extraditar a Argentina al exinspector Juan Antonio González Pacheco y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar y también a la negativa de la justicia española de investigar sus casos.
Los dos exagentes están reclamados en Argentina por torturas durante el régimen de Francisco Franco (1939-1975), en una causa abierta en el país sudamericano mediante el principio de justicia universal.
La CPI no "puede aceptar que un estado no haga nada si tiene la posibilidad de hacer algo", agregó Guariglia.
En su opinión, existe "incompatibilidad" entre la posición de España en este asunto y el deber asumido en el Estatuto de Roma "para contribuir a la erradicación de la impunidad".
La justicia española se negó a investigar los casos argumentando que los crímenes de Pacheco y Muñecas están prescritos en virtud de la Ley de Amnistía española de 1977, a pesar de que el derecho internacional defiende que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.
Guariglia defendió el ejercicio de la justicia universal, que señaló como un principio "incómodo" porque genera tensiones entre países pero "necesario", a la vez que negó que la CPI implique la desaparición de la jurisdicción universal.
De hecho, Guariglia definió la justicia universal como "el socio natural de la CPI para evitar una situación de impunidad".
Así, subrayó que la corte internacional no puede ser la única solución a una violación grave de los derechos humanos, sino que la brecha de impunidad "tiene que ser cubierta por los estados firmantes del Estatuto de Roma de la CPI", entre ellos España.
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