Fiscal y Sanz piden al Supremo que confirme el archivo de dietas de Barcina

Madrid, 24 oct.- La Fiscalía y el expresidente de Navarra Miguel Sanz han pedido al Tribunal Supremo que confirme el archivo que decretó en julio pasado sobre las actuaciones abiertas contra la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina, por el caso de las dobles y triples dietas de Caja Navarra (CAN).

Además, en su escrito, al que ha tenido acceso hoy Efe, el que fuera presidente de UPyN sugiere al alto tribunal que adopte un acuerdo en un pleno no jurisdiccional sobre las costas en las causas especiales, que se "utilizan no pocas veces con fines políticos por parte de los partidos políticos", y en el que se "valore la posibilidad de imponerles multas".

Esta propuesta la hace tras reclamar que le impongan las costas del proceso a UPyD, que ejerce la acusación popular en la causa y que recurrió en súplica el auto de sobreseimiento del Supremo.

"Surge la inevitable sensación de que la única finalidad pretendida por la misma es alcanzar una notoriedad política en Navarra alargando la creencia de la existencia de un proceso penal contra la presidenta del Gobierno de Navarra y demás altos cargos afectados", sostiene el escrito de Sanz.

Rechaza además el paralelismo que hizo UPyD entre la causa de la CAN y la del club nocturno Flamingos's, asunto por el que el Supremo confirmó la condena por cohecho impropio a guardias civiles que acudían a este local sin abonar las consumiciones ni los servicios sexuales recibidos.

"Comparar la gestión de la Caja de Ahorros de Navarra (...) con un lugar de lenocinio califica por sí mismo al recurrente", afirma el escrito.

También el teniente fiscal del Supremo, Antonio Narváez, rechaza este paralelismo y asegura que los agentes acudían a este lugar de alterne "haciendo ostentar su condición de guardias civiles", cargo por el que fueron favorecidos.

Así, mantiene su tesis de que el delito no fue cometido por Barcina porque percibió esas dietas como miembro de la Junta de Entidades Fundadoras y no por su condición de alcaldesa de Pamplona o presidenta foral, por lo que falta un "presupuesto esencial" del delito de cohecho impropio, el de que una autoridad o funcionario público perciba una dádiva o regalo en consideración a su cargo.

En su auto, el Supremo diferenció las conductas que puedan merecer algún tipo de reproche "moral, ético o político" de las que encajan en un tipo penal, en concreto en el delito de cohecho impropio.

Al tiempo, concluía que "la participación" de Barcina "en la denominada comisión permanente de la que resulta el abono de las dietas no viene, directamente, por su condición de presidenta del Gobierno Foral de Navarra o alcaldesa de Pamplona, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras".

Tras la decisión del Supremo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que había pedido al Supremo la imputación de Barcina, decidió dar carpetazo a toda la causa de la CAN, incluida la parte relativa a la concesión de créditos a familiares de cargos de la antigua entidad financiera.

La juez había destacado previamente el nulo soporte normativo o estatutario de las reuniones de la denominada Comisión Permanente de la Junta, un órgano integrado por Sanz, el ex consejero autonómico Álvaro Miranda; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y Barcina, y por el que cobraron las polémicas dietas.

Este órgano se reunía en dos sesiones consecutivas en un mismo día y por cada una de ellas se pagaban 2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV.

Por esta causa imputó a los citados miembros de la Junta, que también han pedido al Supremo que confirme el archivo de las actuaciones.