Fiscalía chilena pide procesar a cuatro personas más vinculadas al caso Penta

Santiago de Chile, 22 ene.- La Fiscalía chilena solicitó hoy imputar cargos en contra del exdirector y contador del grupo económico Penta, Hugo Bravo, y de otras tres personas, involucradas en el denominado "Pentagate", un caso de corrupción, cohecho y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que los otros imputados son el exgerente de contabilidad del grupo empresarial Marcos Castro, el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez y Juan Martínez, quien se desempeña en el último organismo y que este miércoles declaró ante el fiscal Carlos Gajardo.

Álvarez está imputado y en prisión preventiva como el cerebro del fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), un mecanismo creado bajo la dictadura militar con el objeto de proteger a las empresas instaladas en el país, el cual les permitía tributar solo por un porcentaje de sus utilidades.

Según la Fiscalía de Alta Complejidad, tanto Bravo como Castro serán formalizados por delitos tributarios, por delito de soborno y delito de Lavado de activos.

Álvarez, que ya es investigado en la causa por fraude al FUT, al igual que los dos primeros, será formalizado por delitos tributarios, además de cohecho y lavado de activos, mientras que a Martínez se le comunicará que se le investiga por cohecho.

El Servicio de Impuestos Internos denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas, con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,2 millones de dólares).

La Fiscalía de alta complejidad ha realizado interrogatorios y procesado a varios de los implicados en el caso, entre ellos los dueños y controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

La investigación judicial sacó a la luz correos electrónicos enviados por políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) a miembros del grupo Penta solicitando recursos para sus campañas parlamentarias de 2013, los que habrían recibido a través de boletas de honorarios falsas.

Además el caso salpicó al excandidato presidencial del Partido Fuerza Pública, Andrés Velasco, quien fue también ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), que ya fue interrogado por el fiscal a cargo del caso.

Hugo Bravo fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo controlado por Délano y Lavín financiaba las campañas de estos políticos con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.