Bogotá, 2 dic.- La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, convocó hoy a su colega de Cartagena, Miriam Martínez, en medio del rechazo generado por la denuncia hecha la víspera sobre el supuesto falso desplazamiento que unas 130 familias declararon haber padecido en 2003 por paramilitares en el norte del país.
Morales citó a Martínez y durante varias horas estuvieron reunidas con otros miembros del ente acusador analizando el informe en el cual la fiscal de Cartagena sostuvo que en la finca "Las Pavas", ubicada al sur del departamento de Bolívar, "no hubo un desplazamiento" y ni siquiera llegaron hasta allá los paramilitares.
Además, consideró que este falso desplazamiento fue resultado de un montaje orquestado por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) para lucrarse de las reparaciones económicas del Estado.
Desde que la fiscal general reprodujo esta denuncia en la emisora colombiana Caracol Radio, basándose en el documento de Martínez, los aludidos han reivindicado la veracidad del despojo masivo de tierras de una comunidad que diferentes portavoces de la historia cifran entre 120 y 140 aproximadamente.
La Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, creada por los jesuitas y que fue citada en el informe, rechazó los señalamientos que les atribuyen "maquinaciones fraudulentas, orquestamiento de montajes o realizaciones de conductas irregulares".
Además, recordó que estos campesinos fueron reconocidos como víctimas del desplazamiento forzado por agencia presidencial de asistencia Acción Social en el Gobierno anterior de Álvaro Uribe (2002-2010) en el que se evaluó "la veracidad de los hechos relatados".
Por su lado, Zoraida Hernández, de la ONG Corporación Sembrar y que hizo parte de la Mesa de apoyo de la comunidad de "Las Pavas", dijo en declaraciones a Efe que "la Fiscalía no ha hecho una investigación exhaustiva, imparcial" sino que ha puesto "todo el aparato judicial en contra de la comunidad".
Incluso, apuntó que el montaje es más bien obra de la adinerada familia colombiana Dávila Abondano, que tiene la intención de ampliar los cultivos de palma de aceite que ya tiene en esa finca, donde tiene un predio bajo el dominio de la firma CI Tequendama, de su propiedad.
Hernández reivindicó que en "Las Pavas" sí hubo un desplazamiento de "más de 500 personas que han sido víctimas de este tipo de atropellos, 123 familias aproximadamente. Las víctimas sí existen en este país".
Además, recordó que los despojados están inmersos en un litigio por el que piden que se reconozca su titularidad sobre las 3.000 hectáreas de la finca "por el derecho de posesión" que han ejercido durante los años de ocupación del territorio, periodo que empezó una vez que su antiguo dueño las abandonó.
Desde hace unos meses, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) reinició en esa hacienda un proceso de extinción de dominio que les fue ordenado por la Corte Constitucional en mayo, explicó a Efe su gerente, Juan Manuel Ospina.
"Allí hemos estado trabajando en dos frentes principales", detalló, uno en el que se comprueba si fueron tierras tituladas o conservan la condición de baldíos por un tercero, lo que las devolvería al Estado, y otro predio en el que se estudia si la explotación de palma africana viola las normas ambientales.
"Se trata de unos humedales que fueron desecados para luego sembrar allí palma africana o palma de aceite. Ese tema se lo traspasamos a Ministerio de Ambiente", precisó, y dejó claro que esos dos ejercicios buscan esclarecer la titulación y uso apropiado de las tierras, no verificar la calidad de desplazados de sus moradores.
"Entonces un proceso y otro no están relacionados. Las decisiones que tome la Fiscalía en nada afectan el avance de los procedimientos que nosotros continuamos", acotó Ospina.
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