Foro servimedia comunicaciónlas empresas llaman a un "rearme moral" para evitar que la colaboración público-privada se convierta en un tema tabú

Representantes de distintos ámbitos del tejido empresarial contratista con la Administración instaron, en una mesa de debate sobre colaboración público-privada celebrada en el marco del Foro Servimedia Comunicación, a un "rearme moral" para defender las ventajas económicas y sociales de la colaboración público-privada y evitar que los movimientos en contra de este tipo de iniciativas acaben conviertiéndolas en un tema tabú.
"El debate sobre la colaboración público-privada está demasiado ideologizado y se restringe en la mayoría de las ocasiones a la controversia entre externalizar o no determinados servicios públicos, cuando va mucho más allá de eso", señaló Pilar Mairal, investigadora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. "Esto no se trata de un favor que lo público le hace a lo privado, ni que lo privado le hace a lo público, es una alianza en la que todos salen ganando, la sociedad incluida", explicó.
Un planteamiento que compartieron también el resto de participantes en el Foro Servimedia Comunicación, Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad; Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad y Vida; Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de empresas de limpieza Aspel; Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), y José Carlos Guisado, miembro de la Junta Directiva de Cepes y CEO de la Fundación Espriú.
Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide, subrayó que "la externalización de servicios no es ni buena ni mala, es una solución útil cuando la Administración no dispone de los recursos necesarios para gestionar un determinado servicio o proveerse de un determinado bien". Es en ese contexto, continuó, en el que afloran las ventajas de este tipo de fórmulas de colaboración.
"Para el sector público, porque permite dinamizar la economía, incrementar el ritmo inversor, diferir el coste inicial de la construcción de grandes infraestructuras y eludir el condicionante del déficit público; y para el sector privado porque le permite cerrar contratos a medio y largo plazo, que siempre son una garantía de estabilidad", indicó.
Según Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, una asociación que agrupa a una veintena de directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Sistema Nacional de Salud, estas ventajas son extensibles también a la sociedad en su conjunto, porque contribuyen a la modernización de los servicios públicos, a su mejora y, a medio plazo, "porque la contribución de la iniciativa privada va a ser necesaria si lo que se quiere es mantener el actual nivel de servicios públicos".
Pese a ello, los participantes en el Foro Servimedia Comunicación coincidieron en admitir que estas ventajas no son percibidas como tales por la sociedad. "La colaboración público-privada se desarrollará de verdad en este país cuando la sociedad se dé cuenta de que es buena para el contribuyente", aseguró Eduardo Rodríguez Rovira, de la Fundación Edad y Vida.
EXTERNALIZACIÓN VS PRIVATIZACIÓN
Para llegar a ese punto, antes habrá que superar otros clichés que otorgan un cierto mal cartel a la colaboración público-privada, entre los que las empresas subrayaron como más importante el de la confusión más o menos interesada entre externalización de servicios y privatización.
"La bandera de la privatización de servicios que se agita contra la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos no es tal", recalcó Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de empresas de limpieza Aspel. "Se debería distinguir con claridad que cuando se externaliza un servicio la titularidad del mismo continúa siendo pública y la autoridad sobre el mismo también. No hay privatización en ningún caso".
Pero no solo eso, las empresas también consideran que se deberían resolver determinadas distorsiones que afectan a los contratos que se firman entre la Administración y las empresas privadas, entre los que la denominada 'dictadura del precio' aparece como el más relevante.
"Hay que acabar con eso de que la oferta más ventajosa económicamente es la más barata", afirmó el presidente de Aspel. "Es necesario que se definan con claridad los criterios que se siguen a la hora de fijar los precios para poder identificar claramente cuando una oferta es desproporcionada, pero también cuando una adjudicación es en realidad un contrato de reestructuración laboral", en relación a una práctica cada vez más denunciada por las empresas contratistas de sacar concursos que les exigen de facto un ajuste de plantilla.
En opinión de Ángel Puente, del Círculo de la Sanidad, se trata de que la Administración se aclare con los objetivos que persigue con la colaboración público-privada. "La Administración debe tener claro que el objetivo de la colaboración público-privada debe ser la reducción del coste de un servicio, no de su precio, que no es lo mismo", explicó.
"En el ámbito sanitario, por ejemplo, es muy evidente que hay servicios costeados con cargo a las arcas públicas y que serían prestados de forma más eficiente si se externalizaran. Pero lo primero que se debe plantear la Administración es si quiere un auténtico modelo de colaboración público-privada o un modelo alternativo de financiación", añadió.
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
El futuro de la colaboración público-privada viene marcado por el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que una vez aprobado por el Consejo de Ministros se somete estos días al trámite de información pública.
Las empresas coincidieron en que el proyecto, que elimina del marco normativo el contrato de colaboración público-privada aprobado en el año 2007, no parece traer buenas noticias para los modelos de colaboración entre Administración e iniciativa privada y rechazan que vaya a ser un acicate para este modelo cooperativo.
José Carlos Guisado, miembro de la Junta Directiva de Cepes y CEO de la Fundación Espriú, admitió no tener ninguna confianza en el proyecto e instó al Gobierno a, al menos, definir con claridad el concepto de colaboración público-privada para evitar interpretaciones perniciosas y también para reequilibrar un poco más la relación entre Administración y sector privado en este tipo de contratos, que, aseguró, está muy volcada hacia el sector público.