Fujimori pide respetar la orden judicial que le repone teléfono en la prisión

Lima, 25 sep.- El expresidente de Perú Alberto Fujimori pidió hoy la permanencia de la orden judicial que obliga al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a restituirle el acceso a un teléfono público en la prisión donde cumple una condena de 25 años por varios delitos cometidos durante su mandato.

Fujimori argumentó su necesidad de estar comunicado con el exterior en una audiencia celebrada para tratar la apelación del INPE a la orden judicial que dicta la reposición del teléfono, después de que éste le fuera retirado por conceder una entrevista telefónica sin autorización.

"En ningún penal del Perú se aplica una medida de retiro del aparato telefónico y aún hay pabellones de máxima seguridad que también cuentan (con teléfono)", expresó Fujimori ante el tribunal que resolverá la apelación del INPE.

En un airado discurso en el que también se dirigió a la prensa, Alberto Fujimori recordó que lleva siete años recluido "bajo un régimen ordinario de mínima seguridad" sin "una sola falta cometida, ni leve ni grave".

"Todos los días vivo una verdadera tortura", lamentó Fujimori, quien aseguró que se mantiene incomunicado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), donde permanece recluido.

El exmandatario peruano calificó su régimen de reclusión como un "asesinato y homicidio premeditado", donde se mata a sus neuronas a cuentagotas, justo antes de pedir la atención de un médico en la sala para que midiera su tensión.

Al finalizar la audiencia, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, expresó a los medios su optimismo en que el tribunal de la audiencia declare nula la orden judicial que fue emitida en agosto.

El INPE canceló el teléfono público a Alberto Fujimori en noviembre de 2013, cuando el que fue presidente de Perú entre los años 1990 y 2000 realizó una entrevista telefónica a una estación de radio que no había sido autorizada por las autoridades penitenciarias.

Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves de 25 personas en los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.